Ali Moshiri, figura del primer desembarco extranjero en el shale, reaparece en Argentina con interés en áreas maduras que YPF dejó en Santa Cruz.
Los pozos maduros que YPF soltó en Santa Cruz volvieron a poner en movimiento a un nombre pesado del negocio petrolero. Ali Moshiri, el ex ejecutivo de Chevron que quedó ligado al primer gran ingreso extranjero en Vaca Muerta, reapareció en la escena local con el foco puesto en activos convencionales que habían quedado fuera del radar central de la petrolera estatal. La novedad empuja una lectura más amplia: ya no se trata solo de quién gana espacio en el shale, sino de quién cree que todavía hay margen para hacer rendir lo que YPF decidió dejar atrás.
La figura de Moshiri no aparece asociada a cualquier capítulo del negocio. En 2013 fue uno de los protagonistas del acuerdo entre YPF y Chevron para invertir US$ 1.240 millones en Vaca Muerta, un convenio que Reuters describió entonces como la primera inversión de gran escala en el sector petrolero argentino tras la estatización de YPF. Más de una década después, su nombre vuelve a cruzarse con la Argentina, aunque ahora con una apuesta muy distinta de aquella irrupción en Loma Campana.
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Ese regreso no arrancó ahora, sino que ya tenía un antecedente concreto. En enero, EconoJournal publicó que Moshiri se había asociado con Doris Capurro, titular de Luft Energía, para reactivar tres campos maduros que la petrolera estatal operaba en Santa Cruz, dentro de una estrategia orientada a mejorar eficiencia, elevar factores de recuperación e incrementar producción. El propio empresario planteó allí que, si su historia con la Argentina había quedado ligada al shale, su vuelta pasaba esta vez por el convencional.
El trasfondo de esa movida es el repliegue de YPF sobre los yacimientos maduros. En febrero, el CEO Horacio Marín dijo a Reuters que la compañía prevé destinar entre US$ 5.500 y 5.800 millones en 2026, con 70% de ese monto concentrado en producción no convencional, y que su meta personal era cerrar el año sin producción convencional propia. Esa definición empresarial ayuda a entender por qué activos que durante años quedaron bajo la órbita de YPF hoy pasaron a formar parte de otro tablero.
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En Santa Cruz, ese reordenamiento ya tomó forma institucional. El gobierno provincial informó que el 10 de noviembre de 2025 se firmaron los contratos para ceder diez áreas hidrocarburíferas antes operadas por YPF, dentro de un paquete que comprometió US$ 1.259 millones de inversión a ejecutar en seis años. La provincia presentó ese proceso como una respuesta a la decisión de YPF de retirarse de áreas maduras, con el objetivo de sostener producción, infraestructura y empleo en el norte santacruceño.
La foto empresaria de ese reparto muestra hasta qué punto cambió el mapa del convencional. Según el detalle oficial y la reconstrucción publicada por Diario Río Negro, Patagonia Resources se quedó con Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky; Clear Petroleum tomó Cañadón de la Escondida–Las Heras; Roch Proyectos recibió Cañadón Yatel, Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte y El Guadal–Lomas del Cuy; además, Azruge, Brest y el tándem Quintana E&P–Quintana Energy Investments se repartieron los restantes bloques. Ese nuevo esquema ya no responde a la lógica de concentración histórica de YPF, sino a un mosaico de operadores que buscan demostrar que todavía hay negocio posible en campos maduros.
Ahí es donde el movimiento de Moshiri gana otra dimensión. Su vuelta funciona como una señal de mercado porque viene de alguien que ayudó a abrir la puerta del shale argentino y ahora elige mirar activos convencionales relegados en la carrera por Vaca Muerta. La apuesta sugiere que, aun con el magnetismo del no convencional, hay inversores que creen que empresas medianas o estructuras más flexibles pueden extraer valor donde una petrolera integrada y enfocada en exportación ya no encuentra escala suficiente.
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La provincia, además, cargó este proceso con otra exigencia que busca evitar un simple cambio de manos. Santa Cruz afirmó que YPF financiará y ejecutará durante cinco años tareas de remediación ambiental, con una auditoría técnica a cargo de la UBA, y reclamó que las nuevas operadoras traduzcan inversión en trabajo local y contratación de proveedores santacruceños. El mensaje político fue claro: la salida de YPF no podía dejar un vacío operativo ni un pasivo abierto en la cuenca.
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