Multas millonarias y reincidencia: detectan más buques pescando ilegalmente en el mar argentino

El avance de la vigilancia sobre el Atlántico Sur dejó al descubierto una secuencia que preocupa en los organismos de control: buques extranjeros que regresan a operar en aguas argentinas aun después de haber sido sancionados. La reiteración de estas maniobras instala un escenario de tensión constante en torno a la protección de los recursos pesqueros.

Uno de los casos más relevantes es el del buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, que ya había sido detectado en enero realizando tareas de arrastre dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Aquella infracción derivó en una multa superior a los 1.262 millones de pesos, además de costos operativos adicionales.

A pesar de esa sanción, en los últimos días la embarcación volvió a ser identificada con comportamientos compatibles con pesca ilegal. La reincidencia refuerza la hipótesis de que ciertas flotas operan al límite de la milla 200 con una lógica persistente, evaluando riesgos frente a posibles sanciones.

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El patrón detectado se repite en otros casos recientes. El pesquero Hai Xing 2 fue observado navegando a una velocidad promedio de 4,3 nudos, con permanencia prolongada en la zona, un indicador típico de actividad extractiva. A ese registro se sumó el BP Bao Win, también con bandera de Vanuatu, que mostró desplazamientos reducidos y maniobras reiteradas en el área.

Estas conductas se encuadran dentro de los criterios definidos por la normativa vigente, que presume infracción cuando buques extranjeros operan a menos de 6 nudos dentro de la zona económica exclusiva. Ese parámetro técnico se convirtió en una herramienta central para identificar actividades ilegales sin necesidad de interceptación directa.

Detrás de cada detección hay un cambio profundo en la forma de controlar el mar argentino. El monitoreo ya no depende exclusivamente de la presencia física de patrullas, sino que se apoya en sistemas de seguimiento permanente que permiten analizar en tiempo real velocidades, trayectorias y permanencias de cada embarcación.

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En ese esquema, el Centro de Control de Tráfico Marítimo cumple un rol decisivo. Desde allí se observa el comportamiento de los buques y se detectan patrones que permiten documentar incursiones ilegales incluso cuando se desarrollan en zonas de difícil acceso operativo.

Ese andamiaje técnico se complementa con una actualización normativa que buscó reducir zonas grises en la aplicación de sanciones. La reglamentación reciente fijó criterios más precisos para interpretar las infracciones y fortalecer la capacidad del Estado para sostener multas de gran magnitud.

El objetivo es evitar que los procesos se diluyan en discusiones legales o tecnicismos que históricamente debilitaban las penalidades. Con reglas más claras, la intención oficial apunta a sostener sanciones económicas que funcionen como un verdadero desincentivo.

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A ese enfoque se suma una decisión política de mantener el control incluso frente a presiones externas. La intervención del Ministerio de Seguridad refuerza la presencia operativa y respalda las acciones de vigilancia en un área donde confluyen intereses económicos y estratégicos.

La reiteración de estos episodios confirma que la presión de flotas extranjeras sobre el Atlántico Sur sigue vigente. Frente a ese escenario, el monitoreo constante y la coordinación entre organismos aparecen como herramientas centrales para sostener la soberanía y proteger los recursos.