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Antes de la reforma integral del Código Penal, la Casa Rosada prepara una ley corta con nuevos delitos, más peso para las víctimas y sanciones más duras.

El Gobierno nacional decidió mover primero una reforma penal más acotada, pero con impacto inmediato sobre delitos que tienen alta visibilidad pública. La idea es enviar un proyecto breve que tipifique modalidades criminales hoy no contempladas de manera específica y que eleve penas en otros casos ya existentes. En esa primera avanzada aparecen nombres que el lenguaje cotidiano ya instaló hace tiempo: viudas negras, motochorros, salideras y entraderas.

La iniciativa funcionará como antesala de la reforma integral del Código Penal, que por ahora quedó postergada. Ese texto más amplio, que había sido trabajado durante más de un año y contaba con 920 artículos, no será enviado en lo inmediato porque la nueva conducción del área judicial quiere revisarlo y darle otra impronta. En ese contexto, el ministro Juan Bautista Mahiques optó por separar un paquete más corto con medidas que el oficialismo considera urgentes.

El corazón político de ese borrador pasa por una idea que el oficialismo intenta instalar como cambio de criterio frente a los tribunales. El proyecto incorpora una interpretación “pro-víctima” que, según sus impulsores, “obliga a los jueces a fallar en favor de quienes sufren delitos” y vuelve obligatoria la participación de la víctima en decisiones sensibles, como la suspensión del juicio a prueba. Esa modificación busca alterar no solo las penas, sino también el lugar procesal de quienes denuncian haber sido afectados por un delito.

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En materia de delitos contra la propiedad, el Gobierno apunta a cubrir figuras que hoy suelen ser perseguidas bajo encuadres generales. La modalidad conocida como viuda negra será incorporada como robo agravado, con penas que podrán llegar hasta los 12 años de prisión cuando se suministren sustancias para consumar el ataque. En el mismo paquete se incluirán las salideras y entraderas, con escalas de 3 a 12 años, y la figura del motochorro, castigada con penas de 2 a 8 años e inhabilitación para conducir de hasta 16 años.

La propuesta también amplía el foco hacia delitos económicos que crecieron al calor de nuevas formas de captación de dinero. Por eso se incorpora un artículo específico para las estafas piramidales, con penas que irán de 3 a 12 años de prisión y agravantes cuando la víctima pierda total o parcialmente el capital invertido. El objetivo oficial es dejar de tratar esos casos con figuras penales más difusas y darles una respuesta directa dentro del código.

Otro de los bloques más duros está dirigido a los delitos migratorios. El proyecto toma figuras ya presentes en la Ley de Migraciones, como el tráfico ilegal y el fraude migratorio, pero además agrega nuevos tipos penales para castigar el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros. Las escalas previstas van de 1 a 20 años de prisión, con agravantes cuando haya violencia, engaño, abuso de necesidad, reincidencia de deportados o sobornos a autoridades migratorias.

La agenda del texto no se agota en los delitos callejeros ni en el control migratorio. También crea una figura específica para la tenencia de armas en cárceles, con penas de 2 a 6 años, y endurece el castigo por picadas callejeras, elevando el mínimo a 1 año y el máximo a 6, además de duplicar la inhabilitación para conducir. En casos de homicidio durante esas carreras ilegales, la sanción podrá trepar hasta los 8 años.

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El proyecto suma además un capítulo amplio vinculado a la protección de sectores especialmente expuestos. Allí aparecen penas más altas para grooming, abuso sexual infantil y producción, distribución o tenencia de representaciones sexuales de menores, con castigos que podrán llegar a los 15 años en los casos más graves. También se incorpora un título específico sobre maltrato animal, que reemplazará la ley vigente, con penas de 6 meses a 3 añosy agravantes cuando existan lesiones o muerte.

En paralelo, el texto avanza sobre una zona menos visible pero socialmente muy sensible: el incumplimiento de deberes familiares. Allí prevé penas de 6 meses a 6 años para quienes evadan obligaciones judiciales como el pago de alimentos, incluyendo conductas de insolvencia fraudulenta. Esa incorporación muestra que el oficialismo intenta darle a este primer paquete una amplitud que combine delitos de alto impacto mediático con otros de fuerte peso cotidiano en la vida civil.

La jugada política del Gobierno, en definitiva, busca recuperar iniciativa con una ley más breve, más vendible y más inmediata que la gran reforma penal que todavía no tiene fecha. El oficialismo niega que el futuro proyecto integral vaya a omitir aumentos de pena para la corrupción en la función pública, pero decidió no esperar a que esa discusión madure para empezar a mover cambios puntuales. Lo que viene ahora es otra pelea: transformar ese paquete en una mayoría legislativa en medio de un trimestre en el que la Casa Rosada quiere volver a mostrar capacidad de acción en el Congreso.