El SOMU fue a la Justicia para frenar la reforma laboral y cuestiona su legalidad

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) decidió avanzar en la vía judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y presentó un amparo que ya comenzó a tramitar en la justicia del trabajo. La iniciativa busca frenar la aplicación de la norma al considerar que afecta derechos fundamentales de los trabajadores.

La acción fue impulsada por el secretario general del gremio, Raúl Durdos, quien ordenó la presentación judicial en defensa de los trabajadores marítimos. Desde el sindicato sostienen que la medida no solo alcanza a su sector, sino que también tiene implicancias más amplias sobre el conjunto del movimiento obrero.

En el escrito presentado, el SOMU plantea que la ley introduce cambios que consideran inconstitucionales. Entre los principales cuestionamientos aparece la limitación al derecho de huelga y las restricciones a las medidas de acción directa, aspectos que el gremio entiende como una vulneración de garantías básicas.

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El sindicato argumenta que estas disposiciones entran en contradicción con lo establecido en la Constitución Nacional, especialmente en el artículo 14 bis, así como en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También menciona el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo como uno de los marcos normativos afectados.

Otro de los puntos señalados en el amparo es el impacto sobre la negociación colectiva. Según el gremio, la norma promueve un esquema que debilita la representación sindical al incentivar acuerdos por empresa o incluso negociaciones individuales entre trabajadores y empleadores.

En esa línea, advierten que podrían verse modificadas condiciones laborales clave como vacaciones, jornadas o salarios. Desde el SOMU consideran que estos cambios implican un retroceso en derechos adquiridos y afectan el equilibrio en las relaciones laborales.

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El planteo judicial también cuestiona la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos, un mecanismo que garantiza la continuidad de las condiciones laborales mientras se negocian nuevos acuerdos. Para el sindicato, esa alteración deja en una situación de vulnerabilidad tanto a los trabajadores como a las organizaciones gremiales.

Además del amparo, el gremio solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos más cuestionados. El objetivo es evitar que la norma tenga efectos concretos mientras la Justicia analiza su constitucionalidad.

Desde el SOMU sostienen que la ley vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales, que impide retrocesos en materia laboral. En ese marco, remarcan que la reforma impacta sobre la libertad sindical, el derecho de reunión y la negociación colectiva.

El avance del reclamo judicial abre un nuevo frente de conflicto en torno a la reforma laboral. La definición ahora quedará en manos de la Justicia, que deberá evaluar los planteos del gremio y determinar si corresponde suspender o no la aplicación de la norma.