El RIGI le abrió paso a US$251 millones para ampliar el proyecto Fénix en Catamarca

Economía aprobó el ingreso de Minera del Altiplano al régimen para sumar 9.500 toneladas anuales de litio con obras, plazos y control oficial.

El proyecto Fénix ya tenía producción, pero desde este lunes también tiene aval formal para crecer bajo el paraguas del RIGI. La aprobación firmada por el Ministerio de Economía no habilita una mina nueva desde cero, sino una ampliación concreta sobre una operación preexistente en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Ese detalle cambia el ángulo de la noticia: no se trata sólo de una promesa de inversión, sino de una expansión inmediata sobre una estructura que ya está en marcha.

La resolución oficial aprobó el ingreso de Minera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada al régimen para su proyecto “Expansión Fase 1B”, con una inversión total declarada de US$251.321.494. El objetivo técnico fijado en el expediente es elevar la capacidad instalada de producción de carbonato de litio desde 28.500 toneladas hasta 38.000 toneladas anuales. En términos concretos, el salto previsto equivale a 9.500 toneladas adicionales por año, que serán las únicas alcanzadas por los beneficios del régimen.

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Ahí aparece uno de los puntos más relevantes del texto oficial. Economía dejó expresamente asentado que la admisión al RIGI no permitirá aplicar incentivos sobre el proyecto preexistente, sino exclusivamente sobre la expansión aprobada. Eso significa que el régimen no se extiende a toda la operación Fénix, sino únicamente al tramo nuevo que la empresa prometió desarrollar bajo el nombre “Expansión Fase 1B”.

La resolución también ordenó el calendario con una precisión que vuelve más exigente el control sobre la empresa. La fecha de adhesión al régimen quedó fijada en el 25 de marzo de 2026, y el plazo límite para cumplir con la inversión mínima obligatoria en activos computables fue establecido para el 1° de diciembre de 2026. Entre ambos hitos, la compañía deberá demostrar que ejecutó durante el primer y segundo año un monto equivalente, como mínimo, al 40% de la inversión exigida por la normativa.

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Ese piso, además, ya aparece cubierto en los papeles con una cifra puntual. El expediente indica que la firma comprometió US$92.662.282 para los primeros dos años y que ese monto será invertido en su totalidad durante el primer año, por encima del umbral legal requerido. La noticia, entonces, no pasa sólo por la aprobación política del proyecto, sino también por el hecho de que el plan entra al régimen con una promesa de desembolso inicial que supera el mínimo reglamentario.

El contenido de la obra también ayuda a dimensionar qué tipo de ampliación se aprobó. El proyecto incluye una nueva Planta de Adsorción Selectiva, una nueva Planta de Carbonato, perforación de pozos de salmuera, instalación de estanques, tuberías, servicios públicos y edificios auxiliares para sostener la nueva producción. A eso se suma una nueva Planta Compresora de Gas Natural en Olacapato, Salta, pensada para ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos La Puna y Fénix, vinculados al abastecimiento del emprendimiento.

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Hay otro dato que el Gobierno eligió remarcar y que busca darle densidad territorial al expediente. La resolución destaca que “el sesenta por ciento (60%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales”. Esa frase no resuelve por sí sola cuánto derrame real dejará el proyecto, pero sí muestra que el Ejecutivo decidió presentar la ampliación no sólo como una apuesta exportadora, sino también como una inversión con anclaje en la trama proveedora de la región.

El cronograma aprobado, además, deja una particularidad que vuelve más interesante la lectura del caso. Según la resolución y las reconstrucciones periodísticas de este lunes, las obras se extenderán hasta noviembre de 2026, aunque el inicio de la operación comercial está estimado para julio del mismo año. Esa superposición sugiere que la empresa planea poner en funcionamiento parte de la expansión antes de cerrar por completo el ciclo constructivo, algo que vuelve más sensibles las tareas de fiscalización sobre avances, plazos y cumplimiento técnico.

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La decisión también reubica a Catamarca dentro del mapa de proyectos que el Gobierno quiere exhibir como vitrina del RIGI en minería. El texto oficial ubica a Fénix en la subcuenca occidental del Salar del Hombre Muerto, en el noreste catamarqueño y sobre el límite con Salta, un corredor que ya concentra parte del negocio del litio argentino. Con esta aprobación, la administración nacional no sólo habilitó beneficios fiscales y cambiarios a una empresa, sino que reforzó su apuesta por consolidar esa zona como uno de los nodos más activos de la expansión litífera.

La autorización ya quedó sellada, pero la parte menos discursiva empieza ahora. La Secretaría de Minería recibió la tarea de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la ley, del plan de inversión y de las condiciones impuestas al proyecto. En otras palabras, el Gobierno ya dio la luz verde para que la ampliación avance bajo el RIGI, pero el verdadero examen quedará atado a algo mucho más concreto que el anuncio: si los US$251 millones, las 9.500 toneladas extra y el peso prometido de los proveedores locales efectivamente se traducen en obra, producción y plazos cumplidos antes de diciembre.

Fuente: NA, Boletín Oficial.