Amenazas a Sastre: Torres pidió que todos sepan los nombres y que llegue al Presidente, por la vinculación a su espacio político

Desde Puerto Madryn, el gobernador pidió que la Justicia avance, apuntó contra empresarios pesqueros mencionados en la investigación y advirtió que el caso será informado al Gobierno nacional.

La reapertura del CAPS Ruca Calil dejó en Puerto Madryn una derivación política mucho más áspera que la agenda sanitaria original de la visita. Desde el móvil de #LA17, el gobernador Ignacio Torres salió del terreno de las obras y se metió de lleno en uno de los episodios más delicados de los últimos días: las amenazas contra el intendente Gustavo Sastre. Lo hizo con un tono frontal, sin suavizar nombres ni adjetivos, y con una exigencia concreta hacia la Justicia: que avance y que exponga públicamente a los responsables.

Torres eligió correr cualquier lectura liviana del caso y ubicarlo en un plano de gravedad política e institucional. Cuando le preguntaron por la repercusión del hecho, respondió que la investigación tiene que seguir y enseguida marcó su postura sin rodeos: “Yo daría nombre, apellido”. Esa frase abrió el corazón de su planteo, porque el gobernador no sólo reclamó que se determine quién estuvo detrás de las amenazas, sino que también pidió que la sociedad conozca con claridad quiénes son los que, según su mirada, buscaron condicionar por vías violentas una disputa pública.

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El mandatario avanzó todavía más cuando se refirió a quienes actúan desde las sombras o a través de terceros. En una de las declaraciones más duras de toda la entrevista sostuvo que “los que se creen valiente detrás de un seudónimo mandando gente amenazar como se vio en el video, se tiene que mostrar la carita”. La elección de esa frase no fue casual ni decorativa: lo que Torres quiso fijar fue que el problema no termina en la amenaza material, sino en la lógica de cobardía, ocultamiento y delegación violenta que, según denunció, se puso en juego en este episodio.

A partir de ahí, el gobernador endureció todavía más el trazo y llevó la discusión a un terreno explícitamente acusatorio en términos políticos y morales. Dijo esperar que la Justicia actúe y reclamó que “toda la sociedad sepa quiénes son esos que se creen que con plata se puede comprar cualquier cosa”. En el mismo pasaje remató con una definición cargada de voltaje: “sepamos todos y todos sepan que en realidad son delincuentes y cobardes que utilizan a marginales para cometer los delitos como se cometieron”.

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El tramo más confrontantivo de sus declaraciones apareció cuando mencionó directamente a empresarios del sector pesquero dentro del marco de lo que, según dijo, ya surge de la investigación. Torres sostuvo: “Sé que hay un empresario pesquero que creo que es Carly Roca" y el intendente agregó que "en eso está involucrado por lo menos en las investigaciones, con otro empresario más, Gastón Domecq también”, . Esa mención se volvió aún más explosiva cuando la enlazó con una referencia política nacional. Torres agregó que existiría “un sector de La Libertad Avanza que aparentemente está detrás de esto”, y señaló que incluso ya le había dicho a Sastre que el episodio también sería comunicado al Gobierno nacional.

Lo que hizo con esa afirmación fue subir varios escalones el conflicto: dejó de ser sólo una denuncia sobre amenazas locales y pasó a insinuar una trama que, a su entender, podría tener conexiones con actores partidarios que exceden a Puerto Madryn.

El gobernador insistió además en que esa información debe llegar a la Casa Rosada y, particularmente, al círculo presidencial. Dijo que “lo vamos a informar al gobierno nacional porque es grave” y reforzó esa idea al agregar: “Yo creo que el propio presidente de la Nación también tiene que saber lo que está pasando acá”. El peso de esas frases no está sólo en el destinatario institucional, sino en el mensaje político que cargan: Torres busca dejar asentado que, en su lectura, este episodio no puede quedar encapsulado en una interna local ni relativizado por afinidades partidarias o vínculos personales.

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La condena política al uso de la violencia como herramienta de presión fue uno de los puntos más sólidos y más nítidos de su intervención. Torres remarcó que un intendente puede tener adversarios, críticas o diferencias durísimas, pero que ese conflicto tiene cauces legítimos que no pueden ser reemplazados por amenazas o agresiones. Lo resumió con una frase que marca el límite que quiso trazar: “Que se amenace y que se le tire un auto encima a un intendente puede tener la diferencia política que quiera. Bueno, tenés que dirimirlo en todo caso debatiendo o en elecciones, pero lo que pasó es grave y no puede quedar en la nada”.

En esa línea, el gobernador también buscó separar la relación institucional con el Gobierno nacional de la conducta de actores que, según él, pueden presentarse como militantes o representantes de un espacio sin responder necesariamente a una estructura formal. Aun así, el planteo no tuvo tono defensivo ni contemplativo, porque sostuvo que no se puede tolerar que “un trasnochado que se dice representante o militante de un espacio político haga semejante barbaridad”. Esa frase completa el marco de su posición: repudio absoluto a la violencia, exigencia de investigación y una decisión de no dejar que el caso se diluya en el ruido de coyuntura.