Caso Ángel: quién es el juez que decidió que el nene volviera a vivir con su madre
Policiales10/04/2026
REDACCIÓNEl caso del nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia volvió a poner en discusión la intervención del fuero de Familia. En el centro de la escena quedó el juez que dispuso su regreso con la madre, hoy bajo investigación.
La causa por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, abrió una nueva línea de discusión pública que ya no se concentra solo en la investigación penal, sino también en el recorrido judicial previo que definió con quién iba a vivir el chico. En ese punto, el nombre que quedó expuesto es el de Pablo José Pérez, titular del Juzgado de Familia N°4, quien había resuelto que el niño volviera a convivir con su madre, Mariela Altamirano.
La decisión judicial reapareció con fuerza después de la muerte del menor, en medio de una causa que la fiscalía investiga como una muerte “dudosa, potencialmente ilícita”. Mientras se esperan resultados complementarios de la autopsia, la atención pública se desplazó también hacia el expediente de familia y hacia las actuaciones previas que, según el entorno paterno, no respondieron a señales de alarma que ya existían.
El trasfondo del caso es una disputa prolongada entre los padres de Ángel, Luis López y Mariela Altamirano, marcada por denuncias cruzadas por violencia. En ese marco, Pérez dispuso la restitución de la tenencia a la madre y ordenó un proceso de revinculación. Esa resolución quedó ahora en el centro del debate porque el fallecimiento del chico derivó en cuestionamientos directos al funcionamiento del sistema judicial y a la intervención del fuero de Familia.
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Desde el lado paterno, las críticas fueron abiertas y contundentes. Luis López sostuvo ante la prensa: “A Ángel lo mataron”, y agregó: “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista, si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”. La pareja del padre también difundió un video en el que el nene lloraba y decía que no quería ir a la casa materna, una escena que alimentó todavía más el reclamo de quienes aseguran que hubo advertencias previas desoídas.
Del otro lado, Altamirano rechazó todas las acusaciones y sostuvo su propia versión del conflicto. Dijo haber sido víctima de violencia de género por parte de López y afirmó que había perdido contacto con su hijo en el marco de esa separación conflictiva. Tras la muerte del nene, declaró: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, y negó que ella o su pareja hubieran ejercido violencia contra el menor.
La investigación penal todavía no definió la causa exacta de muerte. En conferencia de prensa, el fiscal Facundo Oribones explicó que la autopsia detectó “diversos traumatismos en la zona craneal”, aunque remarcó que todavía falta el estudio histopatológico para establecer si esas lesiones fueron accidentales o provocadas. “Dependemos del informe de laboratorio para saber la causa de muerte precisa”, señaló.
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A su vez, el jefe de fiscales Cristian Olazábal afirmó que desde el ámbito penal no existían alertas previas activas sobre una situación de riesgo para Ángel. Según detalló, las denuncias que habían aparecido antes fueron archivadas o desestimadas por falta de prueba, y no había ningún indicador en los registros penales que anticipara lo que finalmente ocurrió.
En ese contexto, el expediente de familia fue anexado a la causa penal para su análisis. Ese movimiento muestra que la investigación ya no se limita a reconstruir qué pasó en las horas previas a la internación del chico, sino también a revisar decisiones, informes y actuaciones anteriores que podrían haber tenido incidencia en el caso. Por ahora, tanto Altamirano como su pareja permanecen bajo vigilancia policial y no pueden salir de la ciudad.
El juez Pablo Pérez, que quedó bajo atención pública tras la muerte del niño, tiene 42 años, nació en Comodoro Rivadavia, se recibió de abogado en 2011 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y asumió en octubre de 2022 como juez coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la ciudad. Actualmente es titular del Juzgado de Familia N°4. Hasta ahora mantenía un perfil bajo y no estaba vinculado a casos de alta exposición pública.
Su designación se completó tras concurso público, evaluación del Consejo de la Magistratura y aprobación de la Legislatura provincial, según recuerdan los antecedentes oficiales mencionados en el texto. Pero ese recorrido institucional quedó desplazado ahora por una pregunta más urgente y más sensible: si el sistema judicial y de protección alcanzó a ver, o no, el riesgo que rodeaba a Ángel antes de su muerte.
La causa sigue abierta y el dato central todavía está pendiente: saber con precisión cómo murió el nene. Pero mientras la fiscalía espera resultados periciales, la muerte de Ángel ya dejó otro efecto concreto: volvió a poner en discusión la capacidad de la Justicia de Familia para intervenir a tiempo cuando un conflicto entre adultos empieza a rozar la seguridad de un chico.
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