Pagó la mitad de su casa y la obra quedó abandonada: ahora deberán indemnizarlo

El proyecto de una casa propia quedó a mitad de camino y terminó en un expediente judicial. Lo que comenzó como un acuerdo para construir una vivienda terminó con una obra paralizada, reclamos sin respuesta y una indemnización millonaria.

El caso tiene como protagonista a un vecino de Neuquén capital que había contratado a una empresa para levantar una casa con el sistema en seco, una modalidad cada vez más utilizada por su rapidez. El acuerdo incluía una vivienda de 60 metros cuadrados, lista para habitar, en un plazo de 120 días.

El contrato se firmó en marzo de 2023 y el cliente pagó la mitad del monto total, que rondaba los 17 millones de pesos. Las tareas comenzaron al mes siguiente, pero el avance se frenó en agosto sin explicaciones claras.

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A partir de ese momento, la obra quedó inconclusa y el conflicto escaló hasta la Justicia civil. En el proceso se acreditó que la empresa no cumplió con lo pactado y que nunca terminó la vivienda comprometida.

La jueza María Eugenia Grimau consideró que el vínculo entre las partes encuadra como un contrato de consumo. En ese marco, sostuvo que el incumplimiento quedó demostrado y que la empresa incurrió en una conducta antijurídica al no entregar la obra.

En su resolución, la magistrada explicó que estos incumplimientos pueden darse por acción u omisión, cuando se vulneran obligaciones asumidas previamente y se impide al cliente acceder a lo que le corresponde según el contrato.

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Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la extensión de la responsabilidad al gerente de la firma. La jueza entendió que el incumplimiento excede el objeto de la sociedad y que, por lo tanto, el directivo también debe responder por los daños.

En ese sentido, sostuvo que “no puede vender como sociedad, incumplir, desinteresarse de los acreedores, y pretender una ajenidad formal al negocio”, marcando un criterio que amplía el alcance de las responsabilidades.

Para calcular la indemnización, el tribunal tomó como referencia el valor original pactado en 2023 y su equivalencia en dólares. Con ese parámetro, estimó que hoy una vivienda de esas características tendría un costo cercano a los 66 millones de pesos.

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Además, se reconoció un perjuicio adicional por la imposibilidad de usar la vivienda. La jueza señaló que “la pérdida de chance es así un daño cierto, es la propia pérdida lo que se indemniza”, al considerar que el damnificado no pudo disponer de su casa en el tiempo previsto.

El fallo también incluyó una compensación por daño moral. Según se indicó, la situación generó una alteración injustificada en la vida cotidiana del cliente, lo que justificó un resarcimiento adicional.

Finalmente, se sumó un monto en concepto de daño punitivo, lo que elevó la condena total a más de 50 millones de pesos. La decisión busca no solo reparar el daño, sino también desalentar conductas similares en el mercado de la construcción.