Torres puso fecha para tirar abajo la calera del Corradi y anticipó con avanzar sin más demora
Chubut12/04/2026
REDACCIÓNEl gobernador recorrió el predio con Merino, dio un plazo de diez días para destrabar permisos y aseguró que, si no aparecen, la Provincia entrará con maquinaria propia.
La vieja calera del barrio Corradi quedó este domingo bajo una cuenta regresiva explícita. El gobernador Ignacio Torres recorrió el predio abandonado junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, y anunció que el edificio será demolido en un plazo máximo de diez días si antes no aparecen las autorizaciones necesarias. La señal política fue directa: si la tramitación sigue frenada, la Provincia intervendrá con maquinaria de Vialidad Provincial.
La escena buscó mostrar una decisión ya tomada más que una intención sujeta a revisión. Torres caminó por un espacio que lleva años convertido en una preocupación para los vecinos y utilizó esa recorrida para fijar públicamente un límite concreto. El mensaje no se orientó sólo a informar una futura demolición, sino a marcar que el tiempo de espera administrativa, según dijo, ya se agotó.
El predio corresponde a una fábrica cuya construcción comenzó entre 1958 y 1959 y que tuvo su etapa de mayor actividad durante la década de 1970. Desde el año 2000, después de la muerte de su propietario, el lugar quedó abandonado y sin una intervención de fondo que cambiara su estado. A partir de ahí, el deterioro avanzó con el paso del tiempo hasta convertir a la estructura en un punto cada vez más problemático dentro del barrio.
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Las condiciones actuales del edificio explican buena parte de la presión por avanzar. El lugar presenta grietas, roturas y signos de vandalismo reiterado, un cuadro que lo fue consolidando como una referencia de abandono en una zona urbana habitada. Esa degradación material no quedó reducida a una postal de ruina, sino que pasó a ser leída como un problema de seguridad concreto para quienes viven alrededor.
Torres reforzó esa mirada al señalar que la calera “se transformó en un lugar donde hubo hechos graves, como homicidios y venta de droga durante mucho tiempo”. La frase corrió el eje de la discusión desde el estado físico del edificio hacia las consecuencias que, según planteó, tuvo su permanencia en pie. En esa línea, el predio apareció presentado como un foco de riesgo sostenido y no solo como una estructura deteriorada.
El gobernador también sostuvo que la demolición “es una deuda pendiente con los vecinos, que además hoy implica destinar recursos policiales para custodiar un lugar que nunca debería haber llegado a este estado”. Con ese planteo, sumó otro argumento al operativo político del anuncio: el costo actual de mantener vigilancia sobre un espacio abandonado. La demolición fue presentada así no sólo como una respuesta urbanística o de seguridad, sino también como una forma de dejar de consumir recursos públicos en un punto conflictivo.
En esa reconstrucción, el intendente Gerardo Merino apareció como parte central del reclamo. Torres aseguró que el jefe comunal arrastra desde hace más de dos años dificultades burocráticas para avanzar con el proceso, y ubicó allí una de las razones de la demora. El señalamiento buscó instalar que el freno no responde a falta de decisión política local, sino a una cadena de obstáculos administrativos que, según remarcó, ya no pueden seguir condicionando una solución.
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Por eso el anuncio incluyó una advertencia tajante sobre lo que ocurrirá si en ese lapso no se completa la documentación necesaria. Torres afirmó: “hay situaciones que no pueden seguir esperando: si en diez días no están las autorizaciones necesarias, vamos a avanzar con maquinaria de Vialidad Provincial y empezar nosotros mismos a demoler este lugar”. La frase le puso al tema una fecha límite y dejó expuesta la voluntad de la Provincia de intervenir aun si la traba formal persiste.
El predio ocupa unas tres manzanas, de modo que la discusión no termina con la caída del edificio. Una vez concretada la demolición, el Gobierno provincial prevé abrir una instancia con vecinos del Corradi y de sectores cercanos para definir qué destino tendrá ese espacio. Esa segunda etapa aparece atada a una idea de recuperación urbana que todavía no tiene forma cerrada, pero que busca involucrar a quienes conviven desde hace años con el abandono del lugar.
El anuncio de este domingo, en ese sentido, dejó dos decisiones enlazadas: primero, sacar de escena una estructura que el Gobierno identifica como un foco de peligro; después, discutir con la comunidad qué hacer con el terreno liberado. La novedad inmediata, sin embargo, está en el plazo que fijó el gobernador y en la amenaza de intervenir con recursos propios si la burocracia vuelve a demorar. En Trelew, la vieja calera pasó de ser una promesa repetida a quedar bajo ultimátum político.
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