Ponen a la venta casas y autos de la corrupción: qué bienes salen primero
Actualidad13/04/2026
Sergio BustosEl Gobierno de Chubut avanzó con una medida que busca transformar bienes ligados a hechos de corrupción en recursos para el Estado. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se habilitó el inicio del proceso de subasta pública de propiedades y vehículos que fueron decomisados en causas judiciales con sentencia firme.
La decisión incluye un conjunto de bienes que formaron parte de investigaciones resonantes en la provincia. Entre ellos aparecen viviendas, terrenos y automóviles que, según información oficial, fueron adquiridos con fondos provenientes de maniobras ilegales durante gestiones anteriores.
En total, se trata de doce casas distribuidas en distintas localidades. Siete están ubicadas en Playa Unión, mientras que otras cuatro se encuentran en Rawson y una más en Trelew. A esto se suman dos terrenos también en Trelew, que integran el listado de bienes que serán ofrecidos en esta primera etapa.
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El paquete también incluye ocho vehículos de distintas gamas y características. Entre ellos figuran un Mercedes Benz GLK 300 4Matic, un Hyundai H1, un Fiat Palio Adventure, una Volkswagen Amarok, dos camionetas Chevrolet S10, un BMW 418 y un UTV Trail T Arctic Cat.
La medida fue oficializada mediante el decreto 319/26, firmado por el gobernador Ignacio Torres. Allí se autoriza a iniciar el procedimiento de enajenación de estos bienes mediante subasta pública, un mecanismo que apunta a transparentar el proceso y garantizar la participación abierta de interesados.
El primer llamado estará enfocado en los bienes vinculados a la causa conocida como El Embrujo. Esa investigación tuvo como figura central a Diego Correa, exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, y derivó en condenas por asociación ilícita y otros delitos.
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También se incorporarán propiedades relacionadas con Oscar “Chito” Alarcón, exdirector general de Ceremonial. El exfuncionario ya cuenta con condenas por enriquecimiento ilícito y por percibir doble salario en el ámbito municipal y provincial.
La ejecución de la subasta quedará a cargo de la Agencia de Administración y Disposición de Bienes y Derechos Patrimoniales. El organismo deberá organizar todo el proceso, desde la tasación hasta la publicación y adjudicación, bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Según lo establecido, la venta de estos bienes busca asegurar criterios como la publicidad, la concurrencia y la igualdad de oportunidades entre los oferentes. Además, el procedimiento contempla mecanismos para resguardar el valor económico de los activos hasta su transferencia.
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En los fundamentos de la medida se plantea que el objetivo es recuperar recursos obtenidos de manera ilegal y devolverlos al patrimonio público. “Neutraliza el beneficio económico derivado de hechos ilícitos y restituye al erario provincial recursos que deben ser destinados al interés público”, sostiene el decreto.
La iniciativa abre una nueva etapa en el manejo de bienes decomisados en causas de corrupción. Con la subasta, el Estado busca cerrar el circuito judicial con una instancia concreta de recuperación económica, transformando activos vinculados a delitos en fondos utilizables para políticas públicas.
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