La muerte de Ángel empujó un reclamo para revisar de fondo la protección infantil en Comodoro

La abogada Norma Contreras advirtió que el problema no se agota en responsabilidades individuales y pidió una revisión urgente del sistema que interviene en la niñez.

La muerte de Ángel, el nene de 4 años cuyo caso sacudió a Comodoro Rivadavia, volvió a poner bajo presión al sistema que debe intervenir cuando los derechos de la infancia entran en riesgo. Esta vez, el planteo llegó desde el campo jurídico y apuntó no solo a lo ocurrido en un expediente puntual, sino al funcionamiento general de los organismos de protección. La abogada Norma Contreras reclamó una revisión profunda y urgente de ese entramado institucional y advirtió que el problema no puede reducirse a nombres propios o errores aislados.

El planteo fue expresado en una entrevista con La Tribuna por Radio del Mar, donde la letrada cuestionó cómo está respondiendo el sistema frente a situaciones complejas que involucran a niños, niñas y adolescentes. Su intervención tomó como punto de partida una carta abierta impulsada por una subcomisión vinculada a niñez, desde la que se viene alertando sobre fallas de fondo. La idea que atraviesa ese documento es clara: no alcanza con buscar responsables individuales si no se revisa de manera seria cómo están funcionando los mecanismos de control, resguardo e intervención.

Contreras insistió en que la discusión debe salir del terreno exclusivo de las responsabilidades personales para pasar a una evaluación más amplia. Según explicó, el centro del reclamo está en revisar la estructura que debería detectar riesgos, actuar a tiempo y sostener respuestas eficaces. En ese marco sostuvo: “No se trata solo de señalar a funcionarios, sino de revisar cómo están funcionando los organismos de control y respuesta”.

La abogada también remarcó que la crisis del fuero de familia no apareció de repente con este caso, sino que viene siendo advertida desde hace tiempo. Señaló que desde hace más de dos años existen reclamos, presentaciones y pedidos de intervención ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que, a su entender, muestra que las señales de alarma ya estaban planteadas antes de la muerte de Ángel. El problema, dijo, es que las medidas adoptadas hasta ahora no alcanzaron para corregir lo que viene fallando.

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Dentro de esa crítica, uno de los puntos más duros estuvo en la lentitud de los procesos judiciales cuando hay chicos de por medio. Contreras señaló que las demoras no son un problema administrativo abstracto, sino una falla que impacta de manera directa sobre vidas concretas. Por eso lanzó una definición que resume buena parte del reclamo: “una justicia que no llega a tiempo no es justicia”.

La observación no quedó limitada al ritmo de los expedientes. También apuntó a la falta de recursos humanos capacitados y a la escasez de medios materiales para intervenir en situaciones complejas. Según planteó, esa debilidad estructural recorta la capacidad real del sistema para actuar con eficacia cuando se presentan contextos de vulnerabilidad, violencia o riesgo que exigen respuestas rápidas y sostenidas.

A esa carencia se suma, según su mirada, otro problema de peso: la ausencia del Estado en el territorio. Contreras advirtió que el seguimiento de determinados casos se vuelve especialmente difícil cuando las intervenciones requieren presencia en zonas alejadas o un trabajo sostenido fuera del escritorio judicial. Esa falta de despliegue limita, a su entender, la posibilidad de acompañar de manera adecuada situaciones que no pueden resolverse solamente con una resolución formal o con un trámite de oficina.

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La carta abierta en la que se apoya este reclamo no se queda en la denuncia, sino que también dirige pedidos concretos a distintas instituciones. Allí se solicita la intervención de la Legislatura provincial, del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura, con la intención de que cada uno revise su rol, evalúe recursos disponibles y adopte medidas para mejorar la eficacia del sistema. La apuesta es que la revisión no quede encapsulada dentro de un solo ámbito, sino que comprometa a todos los niveles con responsabilidad sobre la protección de la infancia.

Ese punto le da al reclamo una dimensión institucional más amplia. Lo que se está discutiendo ya no es solo el desempeño de un área específica, sino la capacidad del Estado en su conjunto para responder cuando un niño necesita protección efectiva. En esa línea, la muerte de Ángel aparece como el hecho que precipitó una exigencia que, según Contreras, venía acumulándose desde antes y que ahora ya no admite más demoras.

La advertencia final de la abogada fue tan directa como el resto de su planteo. Dijo que el objetivo de esta revisión urgente es impedir que una tragedia como esta vuelva a repetirse y cerró con una frase que resume el sentido del reclamo: “Si no se hace una revisión real, esto puede volver a pasar. No queremos que quede como un caso más”. La demanda que quedó planteada en Comodoro Rivadavia va en esa dirección: que la muerte de Ángel no cierre una discusión, sino que obligue a abrir de una vez la revisión que el sistema viene postergando.