El automovilismo argentino atraviesa horas de máxima tensión fuera de la pista. La decisión judicial que involucra a Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane golpea de lleno a la estructura dirigencial del Turismo Carretera y abre un escenario de incertidumbre en la ACTC.
El avance de la causa se conoció en las últimas horas y pone el foco en una investigación por presunta evasión fiscal y defraudación al Estado. La medida incluye el procesamiento de ambos dirigentes, junto a Juan Manuel Mazzacane, en el marco de una operatoria que habría funcionado durante años.
Según la pesquisa, el esquema se vinculó con la distribuidora Quilmes Tolosa S.A, donde los imputados tendrían participación directa. La acusación sostiene que se habrían ejecutado maniobras para evitar el pago de impuestos y ocultar movimientos económicos relevantes.
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El expediente quedó en manos de la fiscal federal Laura Roteta, quien reconstruyó un circuito basado en ventas no registradas, elusión tributaria y transferencias de bienes entre distintas firmas del mismo grupo. Ese entramado permitió, según la acusación, sostener una operatoria irregular en el tiempo.
El impacto económico de la causa es significativo. La Justicia estimó que la maniobra investigada alcanzaría una cifra cercana a los 4000 millones de pesos, lo que agrava el cuadro judicial y explica la magnitud de las medidas dispuestas.
En ese contexto, el juzgado ordenó un embargo amplio sobre el patrimonio de los implicados. La medida alcanza a 100 vehículos, siete inmuebles y 11 cuentas bancarias, en un intento por resguardar activos mientras avanza el proceso.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia de la delegación La Plata de ARCA, que detectó inconsistencias en los ejercicios fiscales comprendidos entre 2021 y 2024. A partir de ese punto, la fiscalía profundizó el análisis contable y financiero.
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Los allanamientos permitieron secuestrar documentación considerada clave para reconstruir el funcionamiento del grupo económico. Esa evidencia fue central para sostener la hipótesis de un vaciamiento patrimonial progresivo.
De acuerdo a la resolución judicial, la firma habría sido utilizada durante al menos una década para desviar recursos y dificultar el cobro de tributos. Esa conducta, siempre según la acusación, consolidó un esquema sistemático que ahora enfrenta consecuencias penales.
El efecto institucional todavía es incierto, pero el golpe impacta directamente en la conducción del Turismo Carretera. Con la causa en curso y los embargos en marcha, el futuro inmediato de la dirigencia teceísta queda bajo una fuerte presión judicial.
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