El Colegio de Puerto Madryn desmintió al abogado del caso Ángel y crece la tensión
Policiales16/04/2026
Sergio BustosLa causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas un episodio que intensificó el conflicto institucional. La situación del abogado Roberto Castillo quedó en el centro de la escena, pero esta vez por una desmentida directa que abrió aún más interrogantes sobre su actuación.
El punto de quiebre se dio luego de que el propio letrado asegurara públicamente que había regularizado su situación profesional. “Hoy hice la jura, la hice esta mañana en Puerto Madryn”, afirmó ante los medios, en un intento por despejar dudas sobre su habilitación para intervenir en la causa.
Sin embargo, esa versión fue rápidamente rechazada. El Colegio de Abogados de Puerto Madryn salió a desmentirlo y aclaró que Castillo no está matriculado en esa jurisdicción. La institución también explicó que existe un procedimiento formal para la inscripción de abogados foráneos, que no se limita a una jura inmediata ni puede concretarse sin cumplir requisitos previos.
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La desmentida no solo contradijo al letrado, sino que reforzó las dudas sobre su situación profesional en la provincia. En paralelo, el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia ya había confirmado que Castillo no figura en ninguno de los registros de Chubut, lo que lo dejaría sin habilitación para ejercer en el distrito.
El presidente de ese Colegio, Pedro Ferreira Taviansky, fue claro al respecto y dejó abierta la posibilidad de avanzar con una presentación. “Tenemos que evaluar si corresponde hacer una presentación judicial o informar al tribunal de disciplina del colegio donde esté matriculado, si es que lo está”, sostuvo.
El conflicto escaló aún más con las declaraciones del propio Castillo, quien explicó por qué habría intentado matricularse fuera de Comodoro. “Me peleé con el presidente. Tuve que buscar otro colegio que me acelere el trámite porque la muerte de una criatura de 4 años necesita menos burocracia y más humanidad”, expresó.
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Pero esa explicación quedó debilitada tras la respuesta institucional desde Puerto Madryn. La aclaración sobre los pasos necesarios para obtener matrícula dejó en evidencia que no se trata de un trámite inmediato ni discrecional, sino de un proceso regulado que debe cumplirse para poder ejercer.
En este contexto, el eje de la discusión se desplaza hacia la legalidad de su intervención en la causa. Desde el Colegio de Comodoro remarcaron que sin matrícula vigente un abogado no puede realizar presentaciones, acceder a expedientes ni representar formalmente a una parte en un proceso judicial.
La controversia se da en un caso de alta sensibilidad social, lo que amplifica su impacto. La investigación por la muerte del niño sigue su curso, pero este frente paralelo introduce cuestionamientos sobre los actores que participan en el proceso.
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La eventual denuncia que evalúa el Colegio de Abogados de Comodoro podría abrir una instancia formal para analizar la conducta profesional del letrado. En ese escenario, la desmentida de Puerto Madryn aparece como un elemento clave dentro del conflicto.
Mientras tanto, el cruce de versiones deja una escena cargada de tensión. Lo que comenzó como una discusión sobre una matrícula derivó en un enfrentamiento institucional que ahora podría trasladarse al ámbito judicial.
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