Le robaron el celular, vaciaron su cuenta y Chubut terminó secuestrando US$150 mil en cripto
Policiales16/04/2026
REDACCIÓNLa Fiscalía de Cibercrimen logró rastrear el dinero convertido en activos digitales, hizo allanamientos en Buenos Aires y abrió un antecedente poco común para la Justicia.
El golpe ya no estaba en el teléfono, sino en una billetera institucional donde quedaron bajo custodia más de 150 mil dólares en criptoactivos. Ese fue el punto de llegada de una investigación de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut que empezó con el robo de un celular y terminó con un operativo de alcance mucho mayor. Lo que se presentó primero como un hecho callejero terminó derivando en una maniobra digital compleja, con fondos movidos entre distintas cuentas y una recuperación que hasta ahora no era habitual dentro del sistema judicial.
La consecuencia más fuerte del caso no estuvo solo en la magnitud del monto recuperado, sino en la forma en que se logró preservarlo. La Justicia autorizó un procedimiento que permitió ubicar, asegurar y trasladar esos activos virtuales a una cartera controlada por el Ministerio Público Fiscal, siguiendo protocolos oficiales ya establecidos a nivel nacional. Ahí quedó condensado el dato más sensible del expediente: una causa por defraudación digital no terminó solo en rastreo, sino también en incautación efectiva.
El origen del caso fue mucho más común que su desenlace. Todo comenzó con la denuncia de una víctima a la que le robaron el teléfono celular, un hecho que abrió la puerta para que los delincuentes entraran en su cuenta bancaria. Desde ese acceso, el dinero fue convertido en criptomonedas, un movimiento que cambió de inmediato la escala del problema y obligó a la investigación a salir del circuito bancario tradicional.
A partir de ahí, el dinero empezó a correr por un recorrido que intentaba volverlo más difícil de seguir. Los fondos fueron transferidos a través de distintas billeteras digitales hasta llegar a una cuenta que, según la pesquisa, terminó vinculada a la imputada. Fue en ese tramo donde el trabajo técnico resultó decisivo, porque la identificación del destino final no se apoyó en una confesión ni en un hallazgo casual, sino en técnicas de trazabilidad sobre los movimientos digitales.
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El procedimiento estuvo encabezado por los fiscales Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez, junto con el profesional Juan Uad, quienes avanzaron sobre la ruta del dinero hasta asegurar los activos. Esa parte de la investigación no quedó reducida al análisis local, porque el expediente mostró desde temprano que se trataba de una maniobra con un nivel de complejidad superior al de una estafa común. En esa trama también apareció un dato que tensó todavía más el caso: la titular de la billetera receptora fue identificada como una ciudadana china radicada en la Argentina.
La parte más visible del operativo se desplegó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizaron allanamientos en dos domicilios. En esos procedimientos se secuestraron dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, tanto hardware como software, es decir, billeteras físicas y digitales vinculadas con el movimiento de los fondos. Esa fase fue clave porque unió el mundo de la investigación remota con pruebas materiales obtenidas en territorio.
El trabajo en Buenos Aires contó además con apoyo específico de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía porteña, que colaboró para localizar los activos y organizar su resguardo. Esa intervención no fue un detalle secundario, porque el caso exigía coordinación técnica entre distintas jurisdicciones y una respuesta rápida para evitar nuevos desplazamientos del dinero. Lo que estaba en juego ya no era solo probar una maniobra, sino evitar que los activos desaparecieran otra vez dentro del circuito digital.
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Uno de los aspectos más delicados del expediente fue la participación del FBI, que ya había bloqueado la cuenta investigada y luego se contactó con las autoridades chubutenses para coordinar acciones conjuntas. Esa cooperación internacional modificó por completo la dimensión del caso y mostró hasta qué punto una estafa que arranca con el robo de un celular puede cruzar fronteras, plataformas y sistemas de control. En esa combinación entre trabajo local, allanamientos en Buenos Aires y contacto con una agencia extranjera quedó uno de los rasgos más inusuales del procedimiento.
El operativo se apoyó, además, en las facultades previstas por la Ley XV N° 43 de Chubut, que habilita medidas como el bloqueo de cuentas, el secuestro de datos y la conservación de activos digitales. Esa base legal permitió que la investigación no se limitara a reconstruir el fraude después del daño, sino que avanzara sobre la preservación concreta de lo recuperado. En una escena judicial donde la incautación de criptoactivos todavía es poco frecuente en el país, el caso dejó una marca distinta: el robo de un teléfono terminó mostrando que el cibercrimen ya no se persigue solo siguiendo rastros, sino también aprendiendo a capturar dinero que antes parecía intocable.
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