Dos buscados por abuso sexual de menores volvieron desde Paraguay para responder en Argentina

La PFA concretó la extradición de dos ciudadanos paraguayos requeridos en causas separadas por abuso sexual contra menores en Mar del Plata y CABA.

La búsqueda internacional terminó y ahora empieza otra etapa mucho más sensible para las dos causas. La Policía Federal Argentina trasladó desde Paraguay a dos hombres requeridos por la Justicia argentina por delitos de abuso sexual contra menores, una maniobra que cerró el tramo policial del caso y devolvió el expediente al terreno donde realmente se define: los tribunales. Lo que hasta ayer se resolvía con alertas, cooperación entre oficinas y trámites diplomáticos, desde ahora quedará bajo la órbita directa de los jueces que impulsaron los pedidos de captura.

El dato más fuerte del procedimiento no pasa sólo por el traslado, sino por el momento procesal que abre. Los dos hombres ya están en la Argentina y quedaron “a disposición de los magistrados intervinientes”, según informó el Ministerio de Seguridad, de modo que ambas investigaciones recuperan presencia física de los acusados y pueden avanzar sin la traba que imponía una localización fuera del país. En expedientes de este tipo, esa diferencia modifica por completo el pulso judicial.

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Los extraditados son de nacionalidad paraguaya y tienen 31 y 47 años. Cada uno respondía a una causa distinta, lo que le da al operativo un peso mayor al de una captura aislada o de una sola investigación extendida en el tiempo. La propia comunicación oficial precisó que uno era requerido por el Juzgado de Garantías N° 3 de Mar del Plata y el otro por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La localización en territorio paraguayo surgió a partir del trabajo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, a través de la OCN Buenos Aires de Interpol. Ese engranaje se completó con el intercambio de información con la OCN Asunción, que permitió ubicar a los dos requeridos y detenerlos bajo “notificaciones rojas emitidas por Interpol”. En términos operativos, la causa dejó de depender de una sola fuerza o de una sola jurisdicción y pasó a moverse con cooperación policial internacional.

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Ese tipo de procedimientos suele parecer lineal cuando aparece resumido en una gacetilla, pero en realidad combina varias capas de intervención. Primero actúa la autoridad judicial que reclama a los acusados, después interviene el sistema de alertas internacionales y más tarde entra en juego la coordinación entre países para convertir una detención en una extradición efectiva. En este caso, esa cadena terminó con la decisión de trasladarlos desde Asunción hacia la Argentina.

La etapa diplomática también tuvo un rol decisivo. El Ministerio de Seguridad informó que la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería argentina comunicó la disponibilidad de ambos para el traslado conforme al requerimiento formulado por la Justicia local. Recién después de ese paso se completó el circuito formal que permitió ejecutar la entrega.

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Con esos trámites cerrados, personal de la PFA viajó a la capital paraguaya, asumió la custodia de los detenidos y concretó el regreso a territorio argentino. Esa instancia suele ocupar pocas líneas en los comunicados oficiales, pero define el punto exacto en el que una captura internacional se transforma en una restitución judicial efectiva. Ahí se cerró la fase más visible del operativo.

La extradición también deja una lectura más amplia sobre el tipo de delitos que investiga la Justicia y sobre la necesidad de sostener cooperación regional cuando los acusados salen del país. La intervención de Interpol Buenos Aires y Interpol Asunción muestra que el seguimiento penal de causas graves contra menores no termina cuando un sospechoso cruza una frontera. Por el contrario, ese movimiento obliga a sumar herramientas, tiempos y actores institucionales mucho más complejos.

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A partir de ahora, el centro de la escena ya no será policial ni diplomático. Los dos acusados quedaron bajo disponibilidad de los jueces que los reclamaban y serán esos tribunales los que definan cómo sigue cada expediente en Mar del Plata y en Buenos Aires. La extradición desde Paraguay no clausura la historia: apenas devuelve a la Justicia argentina las piezas que necesitaba para hacerla avanzar.