Por las amenazas en escuelas, advierten que callar también puede ser delito

Tras las amenazas que alcanzaron a casi 34 escuelas de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha alertó que también podrían enfrentar reproches quienes sepan y no denuncien.

Las amenazas de tiroteo que sacudieron a casi 34 establecimientos educativos de Comodoro Rivadavia abrieron una nueva etapa de preocupación en la ciudad. Ya no se trata solo de investigar quién envió los mensajes o impulsó las intimidaciones, sino también de trabajar sobre el impacto que esos hechos dejaron en las escuelas, en las familias y en toda la comunidad educativa. En ese contexto, la Policía salió a reforzar un mensaje concreto: el silencio frente a este tipo de episodios también puede traer consecuencias legales.

Con esa premisa, el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, encabezó charlas de concientización en el colegio Domingo Savio. La actividad buscó explicarles a estudiantes y adultos que una amenaza de estas características no constituye una travesura ni un juego de mal gusto, sino un hecho con relevancia penal. El foco estuvo puesto en mostrar que detrás de cada intimidación se activa una maquinaria judicial y policial que no se agota en identificar al autor directo.

Durante su exposición, Cocha fue terminante al describir la gravedad del problema y el criterio con el que se avanza en cada caso. “El objetivo es que se tome conciencia de que esto es un acto delictivo. Buscamos saber quién lo hace y quien omite decirlo también puede ser considerado cómplice”, afirmó. La definición no solo apuntó a quienes ejecutan la amenaza, sino también a quienes tienen información y deciden no comunicarla.

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El jefe policial explicó que las investigaciones no quedan encerradas en la figura del autor material. Según remarcó, cuando aparece una cadena de conocimiento previa o posterior al hecho, la pesquisa también puede avanzar sobre otras personas que estuvieron al tanto de lo ocurrido. En esa línea, sostuvo: “Aquel que ve y no dice nada también puede tener un reproche legal”, una frase que buscó interpelar de manera directa a los estudiantes y dejar en claro que mirar para otro lado también puede tener costo.

La advertencia incluyó otro aspecto sensible que atraviesa buena parte de estos expedientes: la responsabilidad de los adultos. Cocha señaló que, cuando no se logra establecer con precisión quién estuvo detrás de la amenaza o cuando surgen elementos vinculados al entorno familiar, la investigación puede extenderse hacia los padres. “Nosotros buscamos al responsable y, si no se puede determinar, también se puede avanzar sobre la responsabilidad de los padres”, expresó.

Ese punto ganó peso a partir de algunos procedimientos que ya se realizaron en la ciudad. De acuerdo con lo explicado por el jefe de la Unidad Regional, en ciertos casos ya hubo sospechosos identificados y se concretaron allanamientos en sus domicilios. La secuencia muestra que las amenazas no quedaron en una mera alarma escolar, sino que derivaron en actuaciones judiciales concretas y en medidas que impactaron de lleno en la vida familiar de los involucrados.

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Cocha también reveló que en algunos episodios los propios padres terminaron reconociendo la participación de sus hijos. “En algunos casos los padres asumieron que sus hijos fueron partícipes y han salido a hacer declaraciones pidiendo disculpas por lo ocurrido”, detalló. Ese dato expone que, detrás de la conmoción pública, también empezó a aparecer una dimensión doméstica marcada por la sorpresa, la culpa y la necesidad de enfrentar consecuencias impensadas para muchas familias.

En ese sentido, el funcionario hizo hincapié en la falta de preparación con la que muchos hogares reciben este tipo de noticias. Lejos de una escena abstracta, describió el impacto concreto que produce una investigación cuando golpea la puerta de una casa y deja al descubierto que un adolescente quedó ligado a un delito. “Los padres no están preparados para recibir un baldazo de agua fría y enterarse de que su hijo cometió un delito”, sostuvo.

Las charlas en las escuelas apuntan justamente a intervenir antes de que esos hechos vuelvan a repetirse. La intención oficial pasa por correr estas amenazas del terreno de la banalización y ubicarlas en el plano de la responsabilidad penal, institucional y familiar. En una ciudad todavía atravesada por la seguidilla de intimidaciones, el mensaje que bajó la Policía en el Domingo Savio fue claro: no solo se investiga al que amenaza, también a quienes saben, callan y permiten que el miedo siga circulando.