Deben devolver camionetas y 60 millones para no ir a juicio por estafas con autos en Chubut
Policiales25/04/2026
REDACCIÓNUna pareja que operaba en Esquel deberá pagar indemnizaciones millonarias y restituir vehículos tras ser descubierta en un complejo esquema de engaños. El acuerdo judicial los obliga a desembolsar dólares y pesos para evitar una condena de prisión.
La libertad de la pareja imputada por estafas con automotores quedó condicionada a un estricto cronograma de pagos que suma decenas de millones de pesos y miles de dólares. Los acusados lograron acceder a una suspensión de juicio a prueba, pero solo después de que el procurador de fiscalía, Ismael Cerda, garantizara la reparación inmediata para los damnificados. Entre las obligaciones más pesadas, los estafadores tienen que cancelar una deuda de 60.000.000 de pesos en cinco cuotas mensuales a favor de una víctima que perdió una camioneta Toyota 2023.
La resolución judicial también exige la entrega de 22.000 dólares a otro de los afectados, además de una suma adicional de 6.500.000 de pesos para un tercer perjudicado. El tribunal fue tajante al disponer que, de forma inmediata, deben restituir una Volkswagen Amarok y entregar toda la documentación de otros tres vehículos. Se trata de formularios 08 firmados que corresponden a dos modelos Suran y un Vento, piezas clave que la pareja utilizaba para simular una legalidad inexistente.
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El esquema delictivo que funcionó entre febrero y marzo de este año se basaba en un alto nivel de sofisticación y conocimiento del mercado. Los imputados utilizaban lo que los investigadores denominaron "vehículos mula", que eran autos de menor valor obtenidos en engaños previos. Entregaban estos rodados a sus nuevas víctimas para que no se quedaran a pie mientras esperaban las unidades de alta gama que nunca llegaban, ganando así tiempo para ocultar o transferir los bienes robados.
Para pescar a los damnificados, la pareja utilizaba un "anzuelo" en concesionarias oficiales de Buenos Aires. Realizaban pagos mínimos por fletes y, cuando las víctimas llamaban para chequear la operación, las agencias confirmaban trámites a nombre de los imputados. Este respaldo de terceros, sumado a la firma de pagarés que jamás tenían intención de cancelar, terminaba por convencer a los clientes de entregar sus ahorros y vehículos usados bajo una falsa confianza.
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La Justicia determinó que, una vez que lograban apoderarse de los bienes, los sospechosos actuaban con una velocidad eléctrica para esconderlos o transferirlos a allegados. Este mecanismo buscaba que, ante una denuncia, los activos ya estuvieran fuera del radar judicial. Ahora, bajo la lupa del control judicial, la pareja tiene la obligación de presentarse dos veces por semana ante las autoridades para demostrar que permanecen sujetos al proceso y constatar su domicilio real.
El plazo de cumplimiento de estas reglas de conducta y de los pagos se fijó en tres años. Durante ese tiempo, cualquier falta en los depósitos bancarios pactados o una incomparecencia ante la autoridad será motivo suficiente para revocar el beneficio. Si eso ocurre, la causa avanzará sin escalas hacia un juicio oral y público donde las penas de prisión podrían ser efectivas, perdiendo la posibilidad de una salida alternativa.
Los investigadores recalcaron que la fachada legal incluía formularios de transferencia y documentos que parecían lícitos, pero que formaban parte de un plan sistemático de despojo. La triangulación entre Esquel y Buenos Aires permitía que el engaño tuviera una pátina de seriedad que fue difícil de detectar en las primeras operaciones. La reparación económica fue el eje prioritario de la fiscalía para dar respuesta a los vecinos que perdieron su capital de trabajo.
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La implementación de este acuerdo contó con el aval explícito de todas las víctimas, quienes priorizaron recuperar el valor de sus bienes por sobre la condena penal inmediata. Sin embargo, el riesgo sigue latente para los imputados, ya que la suspensión del proceso no implica un sobreseimiento definitivo. El control de los formularios 08 y de las cuotas mensuales será monitoreado de cerca por la oficina judicial para asegurar que el resarcimiento se complete según lo pactado.
El desenlace de esta trama dependerá exclusivamente de la capacidad económica de la pareja para afrontar compromisos que superan largamente los ingresos promedio. Mientras los formularios de los vehículos VW Suran y Vento cambian de manos, los estafadores caminan sobre la cuerda floja de un proceso que podría enviarlos tras las rejas ante el menor desvío.
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