El Gobierno estira un plazo sensible mientras crecen las sospechas sobre Adorni

Política25/04/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La prórroga para presentar declaraciones juradas aparece en medio de cuestionamientos por patrimonio no declarado y reabre la mirada sobre los controles.

Las acusaciones incluyen la supuesta compra de inmuebles que no habrían sido declarados.
Las acusaciones incluyen la supuesta compra de inmuebles que no habrían sido declarados.

La decisión de extender el plazo para la presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos llega en un contexto atravesado por cuestionamientos. La medida, formalizada por la Oficina Anticorrupción, corre la fecha límite del 31 de mayo al 31 de julio y se publica mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

El cambio no ocurre en un escenario neutral. Las acusaciones incluyen la supuesta compra de inmuebles que no habrían sido declarados, lo que pone el foco sobre el sistema de control patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Desde el Gobierno, la explicación oficial apunta a cuestiones técnicas vinculadas a los tiempos administrativos. La resolución señala que la modificación responde a la necesidad de ajustar los vencimientos con los calendarios fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

En ese sentido, se indicó que “estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio”.

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A partir de esa superposición, la Oficina Anticorrupción resolvió modificar los plazos para evitar inconsistencias en la carga de datos. Según el documento, se busca “adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI)” y garantizar que los funcionarios puedan completar la información.

El organismo también explicó que el objetivo es “brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento”. La medida se presenta así como una forma de facilitar el cumplimiento de un requisito obligatorio.

En un comunicado posterior, la Oficina Anticorrupción amplió los fundamentos de la decisión. “La adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018”, señaló, en referencia al esquema que regula los vencimientos impositivos anuales.

Más allá de la justificación formal, el contexto político imprime otra lectura sobre la prórroga. Las denuncias que involucran a Adorni colocan el tema de las declaraciones juradas en el centro del debate público, con especial atención en los mecanismos de control.  El expediente por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial había sumado otro foco de atención. Sin embargo, esa causa fue archivada por decisión del juez federal Daniel Rafecas.

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El magistrado adoptó esa resolución tras el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien no encontró elementos que configuren delito. Entre los argumentos, se destacó que el traslado no implicó costos adicionales para el Estado.

Según la evaluación judicial, había lugares disponibles en la aeronave y la presencia de Angeletti no modificó el gasto del viaje. Esa conclusión dejó sin efecto una de las investigaciones que rodeaban al funcionario.

Mientras tanto, la obligación de presentar declaraciones juradas se mantiene como una herramienta central para el control de la función pública. La normativa establece que deben presentarse al inicio del cargo, de forma anual y al momento de dejar la función.

La extensión del plazo, en este escenario, no solo modifica un calendario administrativo. También ocurre en medio de un momento donde la atención se concentra en cómo se registran y se verifican los patrimonios de quienes ocupan cargos públicos.

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