"La sangre de otros seca mucho más rápido y duele menos", dijo Iturrióz sobre la desconexión de la Justicia
Chubut27/04/2026
REDACCIÓNEl Gobernador impulsó la medida tras conocerse que un condenado por homicidio cumplió una pena equivalente a un robo simple. En #LA17, el ministro Iturrióz criticó la "doctrina garantista" y pidió endurecer los criterios judiciales en la zona sur.
La situación de seguridad en Comodoro Rivadavia alcanzó un punto crítico que obligó al Poder Ejecutivo a buscar herramientas normativas de excepción. Tras una reunión entre el gobernador Ignacio Torres y su equipo de seguridad, se decidió avanzar con la aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad petrolera. El detonante de esta decisión fue el análisis de casos donde el sistema judicial otorgó beneficios procesales que resultan inexplicables frente a la gravedad de los delitos cometidos, generando un clima de desprotección en la ciudadanía.
Un caso paradigmático que aceleró esta medida fue el de Rodrigo Nieves, quien había sido condenado a 14 años de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, debido a sucesivas reducciones de pena y la concesión de la libertad condicional en 2024, el responsable solo permaneció 6 años tras las rejas. Esta cifra equivale a la sanción prevista para un robo simple, lo que evidencia una distorsión profunda entre la gravedad del hecho y la respuesta punitiva del Estado.
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En declaraciones al programa "El Quinto Poder" por #LA17, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrióz, calificó este escenario como un síntoma de un sistema que está funcionando mal. La víctima en aquel caso era un joven mecánico misionero que fue asesinado de un disparo en la cabeza tras una discusión banal por el cobro de un trabajo. "No es posible explicarlo con sensatez", sentenció el funcionario, aludiendo a que el mínimo legal para ese tipo de crímenes es de 10 años y 8 meses, piso que ni siquiera se respetó en la práctica.
La crítica oficial apunta directamente a una "doctrina judicial de paroxismo garantista" que, según el ministro, se ha diseminado en diversos estamentos de la justicia comodorense. Para la cartera de seguridad, la adhesión a ciertas corrientes del derecho penal ha llevado a ignorar los derechos de las víctimas y sus familias. El malestar radica en que las consecuencias de estos fallos trascienden a los afectados directos, impactando en todo el grupo familiar y en la confianza que la sociedad deposita en las instituciones.
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Esta brecha entre el delito y la condena real alimenta un fenómeno peligroso: el descreimiento del sistema judicial. Cuando la comunidad percibe que la justicia no actúa de manera proporcional, aumenta el riesgo de que surjan intentos de justicia por mano propia. Para el gobierno provincial, este escenario de "el todo contra todo" es lo que se busca evitar mediante la implementación de leyes que permitan abordar el crimen organizado y la violencia urbana con mayor rigor administrativo y judicial.
Como contrapunto, el ministro destacó la madurez del sistema punitivo en Puerto Madryn, donde, a pesar de regirse por el mismo Código Procesal, las penas suelen ser más elevadas. Según Iturrióz, en la ciudad del Golfo se valoran las agravantes de manera distinta, demostrando una voluntad de acompañar la demanda social de seguridad. Este modelo es el que se pretende replicar en Comodoro Rivadavia, buscando que el Poder Judicial unifique criterios con el poder político y policial.
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El debate de fondo planteado desde el Ministerio de Seguridad es la necesidad de superar viejas doctrinas que, a su criterio, niegan las garantías a las víctimas. La referencia a figuras del derecho internacional sirve para ilustrar la tensión entre quienes defienden beneficios procesales extremos y quienes exigen una aplicación efectiva de la ley. "La sangre de otros duele menos", citó el funcionario para describir la desconexión que a veces se percibe entre los estrados judiciales y la realidad de la calle.
La articulación de esta Ley Antimafia requerirá no solo la voluntad del Ejecutivo, sino también un cambio en la percepción de los magistrados sobre la peligrosidad y el impacto social de los delitos violentos. La experiencia histórica de otras ciudades que atravesaron crisis similares indica que el trabajo conjunto entre los tres poderes es la única salida viable. La crisis actual en la zona sur demanda respuestas que el código penal vigente, por sí solo, no está logrando garantizar debido a interpretaciones judiciales laxas.
El escenario que se abre en Comodoro es de una reestructuración en la política criminal de la provincia. La insistencia del gobernador en utilizar todas las herramientas normativas a mano marca un límite para la tolerancia oficial frente a la reincidencia y las liberaciones prematuras. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los actores judiciales para entender que la seguridad pública es un valor que requiere penas que se cumplan efectivamente en el tiempo y la forma previstos por la ley.
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