El Colegio de Psicólogos habló del odio en redes y quedó en el centro de las críticas
Chubut28/04/2026
Sergio BustosA 22 días de la muerte de Ángel López, el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut decidió pronunciarse públicamente con un mensaje centrado en el clima social que rodea al caso. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, el comunicado abrió nuevas críticas por lo que muchos interpretan como una intervención incompleta frente a un hecho de extrema gravedad. El foco puesto en las redes sociales dejó en segundo plano las preguntas sobre responsabilidades concretas.
La entidad expresó su pesar y acompañó a la familia, pero eligió construir su posicionamiento sobre la circulación de mensajes violentos. “El odio no construye justicia”, señalaron, en una frase que buscó ordenar el tono del debate público. El problema es que, en medio de una investigación con elementos contundentes, esa definición aparece para algunos sectores como insuficiente.
El expediente judicial avanza con datos que generaron conmoción. La autopsia preliminar indicó que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, lesiones determinantes en su fallecimiento. A partir de ese informe, la Justicia imputó a la madre y a su pareja por homicidio agravado y dictó prisión preventiva por seis meses.
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En ese contexto, el comunicado del Colegio evitó profundizar en uno de los puntos más sensibles: el rol de los profesionales que intervinieron en el proceso previo. Existen denuncias que apuntan a psicólogas por presunto incumplimiento de deberes e informes falsos en la etapa de revinculación. Esas acusaciones todavía deben ser evaluadas, pero forman parte central del cuestionamiento social.
La institución sí se detuvo en otro aspecto: el uso indebido de la imagen de su presidenta, Karina Vanesa Marín, en publicaciones vinculadas al caso. Aclararon que no tiene relación con el expediente y rechazaron la difusión de información falsa. Ese eje refuerza la percepción de una defensa corporativa en un momento en que la atención pública apunta a esclarecer responsabilidades.
El caso también expone decisiones previas que hoy están bajo análisis. Ángel había pasado a vivir con su madre tres meses antes del hecho, tras una resolución judicial. Durante ese período, informes educativos ya advertían cambios en su comportamiento, describiéndolo como “enojado y angustiado”. Esos datos alimentan la discusión sobre los controles y evaluaciones que se realizaron.
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A su vez, surgieron elementos sobre las condiciones de vida del niño, incluyendo dificultades habitacionales y la asistencia a un comedor barrial. Estos factores forman parte de las líneas que la Justicia analiza para determinar si existieron fallas en el seguimiento del caso. En ese marco, el silencio del Colegio sobre estos puntos resulta llamativo para quienes exigen respuestas más concretas.
El mensaje institucional insiste en la necesidad de prudencia y responsabilidad, tanto de la comunidad como de los medios. Sin embargo, la intervención aparece desfasada respecto del nivel de gravedad del caso y de las preguntas que circulan en la sociedad. El reclamo de justicia convive con una creciente desconfianza hacia los mecanismos de intervención profesional.
Mientras la causa judicial continúa, el comunicado del Colegio no logra disipar las dudas que rodean al caso. Por el contrario, deja la sensación de que se priorizó ordenar el debate público antes que dar explicaciones sobre el propio rol dentro de un proceso que hoy está bajo la lupa. En medio de una investigación en curso, el planteo de que “el odio no construye justicia” queda expuesto a una lectura crítica que sigue creciendo.
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