Importaciones chinas bajo la lupa: ARCA multa por subfacturación y crecen las denuncias
Actualidad30/04/2026
REDACCIÓNFabricantes de calzado, textiles y electrodomésticos alertan por valores declarados muy bajos, certificados adulterados y competencia desleal.
Las denuncias por presuntas irregularidades en importaciones chinas comenzaron a escalar en distintos sectores de la industria argentina. El foco está puesto en maniobras de subfacturación, documentación con inconsistencias, mercadería sin certificaciones y ventas a precios que fabricantes locales consideran imposibles de sostener bajo condiciones normales de competencia.
El tema ya no aparece solo como una queja empresaria. Según la información conocida, ARCA avanzó con investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas sobre operaciones vinculadas a indumentaria y calzado, mientras cámaras industriales denunciaron prácticas similares en el rubro de pequeños electrodomésticos.
El punto común entre los casos es la sospecha de que algunas compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir cargas tributarias, evitar mayores costos comerciales o quedar cerca de umbrales regulatorios. En varios expedientes también se mencionan facturas, permisos y certificados con datos presuntamente adulterados o incompletos.
En el sector textil, fuentes empresarias señalaron expedientes contra al menos dos grandes importadores. Entre los nombres mencionados aparecen Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., esta última vinculada con licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.
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Uno de los casos más llamativos corresponde a importaciones de remeras sintéticas. Según la documentación citada por el sector, algunas prendas fueron declaradas con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274, mientras que antecedentes de valor para productos comparables se ubicaban entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.
Para los denunciantes, esos precios no solo están por debajo de referencias habituales del mercado, sino incluso por debajo del costo estimado de producción. Las estimaciones técnicas mencionadas ubican el costo internacional de una remera básica fabricada en Asia entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad, considerando materia prima, confección, estampado e insumos adicionales.
El expediente vinculado a Latin Shoes S.A. abarca más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China, realizados entre fines de 2021 y 2025. La investigación se habría iniciado por operaciones declaradas con valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.
En ese caso, las inconsistencias detectadas incluirían textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos, ausencia de códigos QR o de barras, diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. También se mencionan facturas comerciales sin origen de mercadería y diferencias en las formas de pago.
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Según datos aportados por fuentes del sector, ARCA habría encuadrado parte de las actuaciones en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas podrían superar los USD 70 millones.
El escenario también golpea al rubro de electrodomésticos. La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con productos comercializados en plataformas digitales. La entidad sostuvo que detectó subfacturación, ventas sin certificaciones de seguridad y certificados presuntamente falsificados.
La cámara afirmó que algunos ventiladores de techo retráctiles, cuyo valor FOB mínimo de mercado rondaría los USD 15 por unidad, fueron declarados entre USD 5,12 y USD 9,50. También mencionó air fryers de 1600 watts declaradas a USD 4,86, cafeteras espresso a USD 2,69 y mixers de 500 watts a USD 2,07.
Para Cafavep, esos valores son incompatibles con los costos reales del mercado. La entidad advirtió: “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”.
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La denuncia no se limita al precio. Los fabricantes también alertaron por la venta de productos eléctricos sin certificación, un punto que vinculan directamente con la seguridad de los consumidores. En ese sentido, remarcaron: “El certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.
El planteo empresario combina dos dimensiones: la defensa de la industria nacional y el reclamo por mayores controles. Según Cafavep, las empresas que importan correctamente, realizan ensayos, certifican productos y pagan impuestos quedan en desventaja frente a operadores que reducen costos mediante incumplimientos tributarios o técnicos. Esa diferencia, sostienen, puede ubicarse entre el 30% y el 60% sobre el precio final.
La entidad informó que presentó documentación ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, además de remitir material a ARCA y a la Secretaría de Comercio. También reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales donde se comercializan productos eléctricos, un canal que creció con fuerza y que para los fabricantes se convirtió en una vía sensible para el ingreso de mercadería sin los controles correspondientes.
El crecimiento de estas denuncias ocurre en un contexto de mayor presencia de productos importados, aunque con una desaceleración reciente por acumulación de stocks y demanda interna débil. Para los sectores afectados, el problema no es solo la importación en sí, sino el ingreso de mercadería con precios declarados artificialmente bajos o sin las exigencias que cumplen los operadores formales.
La discusión promete seguir escalando. Mientras ARCA avanza con expedientes y multas, las cámaras industriales buscan instalar el tema en la agenda pública y legislativa. En el centro del conflicto aparece una pregunta decisiva para la economía local: cómo sostener la apertura comercial sin habilitar prácticas que distorsionen precios, afecten la recaudación, comprometan la seguridad de los consumidores y profundicen la presión sobre la producción argentina.
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