El Gobierno arrestó al jefe de una red rusa dedicada a la desinformación

Dmitrii Novikov permanecía oculto en el sur del conurbano tras haber ingresado al país con una identidad de turista que venció hace semanas. El juez Ercolini ordenó su detención efectiva para garantizar que sea expulsado del territorio nacional sin riesgo de fuga.

Dmitrii Novikov, un joven ruso de 25 años, se encuentra bajo custodia federal luego de que un operativo conjunto detectara su paradero en una vivienda de Lanús. El sospechoso había aterrizado en Ezeiza el pasado 12 de abril en un vuelo proveniente de San Pablo, Brasil, declarando una estadía de apenas siete días que nunca cumplió. Al ignorar su pasaje de regreso, el ciudadano extranjero activó las alertas de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Policía Federal.

La permanencia de Novikov en la Argentina es considerada por el Poder Ejecutivo como una amenaza directa al orden democrático y la seguridad interior. Según los reportes oficiales, el detenido lidera una estructura denominada "La Compañía", una organización dedicada a financiar campañas de noticias falsas para desestabilizar instituciones. El magistrado Julián Ercolini dictó su retención preventiva, un paso administrativo previo a la cancelación definitiva de su residencia y su salida forzosa del país.

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El historial del detenido revela un patrón de operaciones de influencia que ya había sido detectado en el Caribe durante el año pasado. En septiembre, las autoridades de la República Dominicana lo expulsaron tras descubrir que coordinaba redes de ciberinfluencia mientras fingía ser un deportista de artes marciales mixtas. En aquel entonces, la justicia dominicana advirtió que las maniobras de Novikov buscaban manipular la opinión pública en varios países de la región, mencionando específicamente a la Argentina.

Las investigaciones de inteligencia vinculan al joven con la estructura de Yevgeny Prigozhin, el fallecido líder del Grupo Wagner y fundador de la célebre fábrica de trolls en San Petersburgo. Esta conexión sitúa a Novikov como un eslabón operativo de una red con experiencia probada en interferencias electorales y ataques digitales a gran escala. Su presencia en Buenos Aires no fue casual, sino que coincidió con el despliegue de una campaña de desprestigio que incluyó el pago de cientos de artículos periodísticos.

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"Atrapamos al líder ruso de las fake news", confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al referirse al éxito del procedimiento realizado en la zona sur del Gran Buenos Aires. Para el Gobierno, la detención de este individuo representa el desmantelamiento de un nodo logístico que inyectaba fondos para financiar la desinformación política. La funcionaria fue tajante al señalar que el implicado "venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones".

La investigación que permitió su captura se nutrió de datos compartidos por agencias internacionales y el consorcio Filtraleaks, que denunció la publicación de más de 250 notas pagas en medios locales. Estas publicaciones formaban parte de una estrategia diseñada por el proyecto "Lakhta", cuyo objetivo era minar la imagen de la actual gestión presidencial. El uso de colaboradores locales fue fundamental para que la red rusa pudiera camuflar el origen del contenido y el flujo de dinero.

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Migraciones determinó que el ciudadano ruso "desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina", lo que derivó en la prohibición permanente de su reingreso. Al ser considerado un individuo de alta peligrosidad por sus vínculos con organizaciones de injerencia global, se decidió que no espere la expulsión en libertad. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 supervisa el proceso para asegurar que la sanción migratoria se ejecute de manera efectiva y sin dilaciones.

El operativo en Lanús pone de relieve la vulnerabilidad de los controles migratorios ante perfiles que utilizan la fachada de turismo para realizar tareas de inteligencia o sabotaje informativo. Novikov logró instalarse en una zona residencial del conurbano durante casi tres semanas antes de ser localizado por los servicios de seguridad. Este margen de tiempo es el que ahora preocupa a los investigadores, quienes buscan determinar si dejó células operativas activas en el territorio nacional.