Recuperaron 4.000 hectáreas usurpadas en la meseta chubutense en un operativo contra el delito rural
Policiales04/05/2026
REDACCIÓNUna comisión fiscal recorrió casi 1.900 kilómetros por parajes del interior. Hubo secuestro de armas por abigeato, recuperación de animales y un freno al abigeato.
La Justicia logró restituir un predio de 4.000 hectáreas que se encontraba bajo ocupación ilegal en plena meseta central. Los agentes irrumpieron en el terreno luego de una serie de denuncias por usurpación que afectaban la producción ganadera de la zona. Esta medida devolvió la posesión a sus dueños legítimos en un sector donde el control de la tierra define la supervivencia de las familias rurales que habitan el interior profundo.
El despliegue requirió que una comitiva de la Fiscalía de Puerto Madryn recorriera casi 1.900 kilómetros por los caminos más castigados de la estepa provincial. Durante el trayecto, los funcionarios judiciales visitaron puntos críticos como Telsen, Gan Gan y Gastre para tomar contacto directo con los pobladores. La presencia física en el territorio permitió romper el aislamiento que suelen sentir los vecinos frente a la lejanía de los tribunales de la costa.
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En los diversos allanamientos realizados durante la recorrida se recuperaron numerosos animales que habían sido denunciados como robados en estancias vecinas. El personal policial también procedió al secuestro de armas de fuego que estarían vinculadas directamente con causas de amenazas y robo de ganado. La aparición de este armamento confirmó la peligrosidad de las bandas dedicadas al abigeato que operan aprovechando la soledad de los campos y la falta de vigilancia.
El robo de ganado no representa solamente la pérdida de una cabeza de animal, sino que funciona como un golpe económico letal para los pequeños productores de la meseta. La comisión fiscal detectó que estos delitos suelen escalar hacia situaciones de violencia mayor cuando los límites de los campos no están claros. Por eso, el operativo buscó frenar la circulación de animales sin papeles y la ocupación irregular de tierras antes de que se produjeran incidentes más graves entre los pobladores.
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La misión judicial aprovechó su paso por la localidad de Gastre para inspeccionar un basural a cielo abierto que acumulaba quejas vecinales sin solución desde hacía tiempo. Los investigadores realizaron las diligencias correspondientes para dar respuesta a una demanda ambiental que afectaba la salud de la comunidad de manera directa. Esta acción demostró que la fiscalía no solo persigue delitos penales de propiedad, sino que también atiende reclamos comunitarios desatendidos por otros organismos estatales.
El funcionario Mauricio Baigorria lideró las entrevistas personales con los denunciantes para recolectar información que difícilmente se obtiene desde un escritorio administrativo. El contacto cara a cara en parajes como Laguna Fría y Chacay Oeste permitió transparentar situaciones de convivencia rural que estaban trabadas por la burocracia. Muchos pobladores aprovecharon la oportunidad para relatar cómo el delito rural alteró su tranquilidad cotidiana durante los últimos meses de manera drástica.
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La llegada de la comisión fue planteada como una “intervención directa” sobre el terreno y evitó cualquier tipo de formalismo protocolar que demorara las actuaciones. El Ministerio Público Fiscal buscó demostrar que tiene capacidad para operar en zonas con baja densidad poblacional donde el Estado suele llegar tarde. El resultado del viaje incluyó relevamientos precisos que servirán para dar sustento a las próximas causas que se tramiten en los juzgados penales.
Las distancias y la falta de caminos transitables suelen ser el mejor aliado para quienes cometen delitos contra la propiedad en el corazón de la meseta. Sin embargo, el operativo logró reunir elementos probatorios que serán decisivos para la continuidad de los expedientes judiciales que permanecían abiertos. La recuperación de bienes y el resguardo de las armas secuestradas marcan un antes y un después en la percepción de seguridad de los habitantes de la zona.
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El viaje de la fiscalía por el interior dejó en claro que la meseta necesita un esquema de controles sostenidos y no solamente operativos relámpagos de carácter transitorio. Si bien se lograron éxitos puntuales, los vecinos siguen reclamando canales de denuncia que funcionen de manera permanente sin depender de intervenciones excepcionales. El desafío será garantizar que la Justicia no se retire del territorio ahora que las causas penales contra el abigeato entraron en una etapa definitoria.
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