Caso Ángel: Castillo denunciará a un juez, una defensora y dos psicólogas

El abogado de la familia paterna cuestionó el proceso que restituyó al niño a su madre biológica y apuntó contra funcionarios del sistema de niñez.

El abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna de Ángel Nicolás López, confirmó que denunciará por presunta negligencia a un juez del fuero de Familia, una defensora de menores y dos psicólogas que intervinieron en la situación del niño antes de su muerte en Comodoro Rivadavia. La presentación buscará que se investigue si hubo responsabilidades penales o administrativas en el proceso que derivó en la restitución del menor a su madre biológica.

La decisión se da en el marco de la causa por el homicidio de Ángel, un niño de cuatro años cuya muerte provocó una fuerte conmoción social en Chubut. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación penal fue formalizada contra Mariela Altamirano y Michel González, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por seis meses.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre el 1 y el 5 de abril, cuando Ángel se encontraba bajo el cuidado de su madre y de la pareja de ella. El Ministerio Público sostuvo que el niño sufrió al menos 20 golpes en la cabeza, que le provocaron lesiones internas y derivaron en su fallecimiento el 6 de abril.

Castillo apuntó ahora contra el tramo previo de la historia judicial y advirtió que, a su entender, existieron fallas graves en el abordaje del caso. El abogado cuestionó la forma en que se resolvió el cambio de guarda y sostuvo que no hubo una evaluación integral de la situación emocional, familiar y vincular del niño antes de modificar su cuidado personal.

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Uno de los ejes del planteo será la actuación del juez de Familia que intervino en el expediente. Castillo sostuvo que el magistrado no habría realizado una escucha activa y adecuada a la edad de Ángel. “La Convención de los Derechos del Niño exige una escucha acorde al desarrollo madurativo”, afirmó, al señalar que el niño tenía dificultades para expresarse y necesitaba preguntas de contexto.

El letrado también cuestionó la interpretación que se habría hecho de una frase atribuida al menor. Según explicó, cuando Ángel decía “me quiero ir con mi mamá”, el juzgado habría supuesto que se refería a su progenitora, sin indagar si en realidad hablaba de Lorena, la madre de crianza o figura materna afectiva reconocida por la familia paterna. Medios nacionales ya habían señalado que la querella evaluaba avanzar contra funcionarios del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia, incluido el juez Pablo José Pérez y profesionales que intervinieron en el otorgamiento de la tenencia.

Castillo también criticó que el cambio de guarda se hubiera dispuesto con base en el dictamen de la defensora de menores, sin un análisis más amplio de la situación. “No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal”, sostuvo, al considerar que el proceso habría dejado de lado señales de alerta y antecedentes que debieron ser revisados antes de tomar una decisión de semejante impacto.

Otro punto señalado por el abogado fue la prohibición de acercamiento que, según afirmó, aisló a Ángel de su entorno de contención. Para la querella, esa medida habría agravado la vulnerabilidad del niño, al cortar el contacto con personas que formaban parte de su red afectiva y que podían advertir cambios de conducta o situaciones de riesgo.

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En declaraciones previas, Castillo ya había sostenido que “hubo negligencia por parte de varios funcionarios” y que el niño estuvo sometido a un contexto de violencia. También afirmó que existía un informe del jardín que describía cambios en el comportamiento de Ángel durante las semanas previas, cuando habría pasado de mostrarse alegre a estar triste, irascible y sin ganas de dibujar.

La causa penal principal continuará centrada en determinar la responsabilidad de Altamirano y González en la muerte del niño. La fiscalía calificó provisoriamente el hecho como homicidio simple para González y homicidio agravado por el vínculo para Altamirano, ambos en calidad de coautores, aunque las defensas rechazaron la acusación durante la audiencia.

La nueva denuncia anunciada por Castillo abriría otro frente institucional, orientado a revisar el rol de quienes integraron el sistema de protección y decisión sobre la vida cotidiana de Ángel. El objetivo de la familia paterna es que se investigue si las medidas adoptadas en el fuero de Familia fueron arbitrarias, insuficientes o negligentes, y si esas decisiones tuvieron incidencia en el desenlace.

Mientras avanza la investigación, el caso mantiene en alerta a la comunidad de Comodoro Rivadavia y volvió a poner bajo debate los mecanismos de escucha, control y seguimiento en situaciones que involucran a niños en contextos familiares conflictivos. Para la familia paterna, el pedido de justicia no se agota en los imputados por el homicidio, sino que también debe alcanzar a quienes tuvieron responsabilidad institucional en las decisiones previas.