Auditorías internas destaparon más de 100 despidos en el Estado rionegrino
Actualidad05/05/2026
Sergio BustosUna revisión extendida sobre el funcionamiento interno del Estado provincial dejó al descubierto una serie de irregularidades que derivaron en más de un centenar de despidos en Río Negro. El proceso, que se intensificó durante el último año, incluyó el análisis de más de 1.200 expedientes disciplinarios.
Según datos oficiales, el balance acumulado desde 2024 registra 102 cesantías y 6 exoneraciones, además de cerca de 500 suspensiones sin goce de haberes. En las últimas horas se sumaron 6 nuevos despidos y 33 suspensiones, en el marco de esta política de control.
La mayoría de las sanciones responde a casos de abandono de servicio, una de las faltas más reiteradas detectadas en la administración pública. Sin embargo, también se identificaron situaciones consideradas graves por las autoridades, vinculadas al desempeño en funciones sensibles.
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Más de 4 mil corredores ya pasaron por El Doradillo en una nueva edición récord de la Franca AustralEntre los episodios relevados aparecen denuncias por maltrato a pacientes, ausencias en áreas críticas del sistema de salud y el uso indebido de recursos estatales. Uno de los casos que trascendió fue la utilización de una ambulancia para asistir a una manifestación.
El alcance de los controles abarca distintas áreas del Estado provincial. Las auditorías incluyen organismos como Salud, SENAF, IPROSS, IPPV, además de sectores vinculados a Educación y Cultura, donde también se registraron expedientes disciplinarios.
Desde el Ejecutivo remarcaron que todas las medidas cuentan con respaldo legal y pasan por la Junta de Disciplina. Ese organismo tiene una composición mixta, con representación gremial, lo que interviene en la evaluación de cada caso antes de aplicar sanciones.
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La política oficial apunta a reducir el ausentismo y garantizar la prestación de servicios públicos. En ese marco, desde el área de Función Pública defendieron la decisión de avanzar con medidas estrictas frente a incumplimientos.
“No podemos fallarle a los rionegrinos”, señalaron desde el Gobierno al sostener el enfoque adoptado. La frase sintetiza la postura oficial frente a una problemática que, según indicaron, afecta de manera directa la calidad de atención en distintas áreas.
El proceso de revisión continúa en marcha y no se descartan nuevas sanciones. La cantidad de expedientes en análisis refleja la magnitud de una política que busca ordenar el funcionamiento interno del Estado provincial.
El impacto de estas decisiones se extiende más allá de la administración, ya que involucra servicios esenciales para la población. La continuidad de los controles marca una línea de acción que seguirá activa en los próximos meses.
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