Los convenios buscan coordinar investigaciones, asistencia a víctimas, sistemas interoperables, trazabilidad de pruebas digitales y estudios forenses.
La persecución penal en Chubut sumó un esquema formal de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación para mejorar el intercambio de información, la investigación de delitos y la asistencia a víctimas. Los acuerdos firmados apuntan a ordenar mecanismos de trabajo entre organismos que intervienen en causas con posibles cruces jurisdiccionales. El entendimiento también incorpora herramientas informáticas y protocolos ligados a evidencia digital, un aspecto cada vez más relevante en las investigaciones judiciales.
La firma se realizó este martes en la sala de reuniones “Carmen Argibay” de la Ciudad Judicial. Allí participaron autoridades del Ministerio Público Fiscal provincial y de la Procuración General de la Nación. El acto fue encabezado por el procurador general adjunto de Chubut, Matías Froment, y por el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel.
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Los convenios establecen un marco de cooperación entre los Ministerios Públicos Fiscales para articular tareas vinculadas a sus funciones específicas. La formulación oficial señala que el objetivo es “establecer un marco general de cooperación entre los Ministerios Públicos Fiscales para el desarrollo y cumplimiento de sus respectivas misiones y funciones de fijar políticas de persecución penal, asistencia a la víctima y promoción de la justicia en general”. Ese punto coloca el acuerdo en una dimensión operativa, no solo protocolar.
Uno de los aspectos centrales está ligado al uso de sistemas informáticos desarrollados por el Ministerio Público Fiscal de Chubut. Las actas complementarias incluyen a “Coirón” y “Luan”, dos herramientas que quedarán vinculadas a mecanismos de interoperabilidad, intercambio de información y asistencia técnica recíproca. La decisión busca que las plataformas puedan dialogar mejor entre organismos y facilitar el acceso a datos útiles para investigaciones.
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El acuerdo también incorporó el “Sistema Espejo”, orientado a la obtención, preservación, gestión y trazabilidad de evidencia digital. Esta herramienta aparece vinculada a un desafío concreto para las fiscalías: conservar la integridad de los elementos tecnológicos que pueden resultar decisivos en una causa. La trazabilidad permite reconstruir cómo se obtuvo, resguardó y gestionó una prueba, algo indispensable para sostener su validez durante el proceso judicial.
La cooperación firmada no se limita al intercambio de información entre fiscalías. También incluye asistencia técnica, lo que puede resultar determinante cuando una investigación exige criterios comunes, sistemas compatibles o respuestas coordinadas. En causas complejas, la diferencia entre organismos aislados y organismos conectados puede incidir en la rapidez de las medidas, en la calidad de la prueba y en la atención a las víctimas.
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Durante la misma actividad se rubricó además un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. El convenio fue suscripto con representación del presidente del STJ, Andrés Giacomone, y quedó vinculado a estudios médico-forenses. Ese capítulo suma otra dimensión al esquema de cooperación, porque conecta la labor fiscal con áreas técnicas relevantes para la producción de prueba pericial.
La presencia de la fiscal federal con funciones de coordinación del distrito Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano, completó una mesa institucional atravesada por necesidades prácticas. La participación federal resulta significativa para causas que puedan requerir articulación entre jurisdicciones o asistencia desde organismos nacionales. En ese plano, los convenios buscan dejar canales definidos antes de que una investigación demande respuestas urgentes.
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