Los condenaron a 10 años por sometener a una menor a un matrimonio forzado que derivó en un embarazo

El Tribunal Federal de San Juan dictó la sentencia tras comprobar una trama de esclavitud que incluyó traslados por cuatro provincias y un embarazo en cautiverio.

Una patrulla de la Gendarmería Nacional frenó el paso de un auto sospechoso en el departamento de Caucete y se topó con el final de un calvario que recorrió medio país. En el asiento de atrás viajaba una adolescente junto a su hijo recién nacido, rodeada por personas que simulaban un viaje familiar pero ejecutaban un secuestro prolongado. Los uniformados actuaron bajo una orden de intercepción directa que permitió rescatar a la víctima después de meses de padecer una violencia extrema en la clandestinidad.

La escena dentro del coche reveló la profundidad del sometimiento al encontrar a la nena con un bebé de pocas semanas en brazos. Este cuadro de maternidad impuesta fue una de las herramientas más crueles utilizadas por la familia captora para anular cualquier resto de autonomía en la adolescente. Los peritos determinaron que el nacimiento se dio en un contexto de encierro absoluto, sin las garantías mínimas de salud y bajo una presión psicológica constante que buscaba naturalizar la esclavitud.

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Todo el andamiaje de silencio se derrumbó por una denuncia anónima al 911 que alertó sobre el paradero de la joven en territorio sanjuanino. Aquella voz al otro lado de la línea fue el único contacto con la realidad que permitió a la justicia rastrear el vehículo y frenar una cadena de traslados que parecía infinita. Sin ese aporte externo, la red de control hubiera seguido operando impunemente, amparada en una fachada de normalidad doméstica y vínculos de hecho fraguados.

La logística del secuestro incluyó mudanzas forzadas por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe para despistar a cualquier autoridad local que pudiera intervenir. Estos movimientos no eran azarosos, sino que formaban parte de un plan de privación de libertad que convertía a la víctima en una nómade sin derechos básicos. Los investigadores federales tuvieron que rastrear registros y testimonios en cuatro jurisdicciones diferentes para unir los puntos de este mapa del horror territorial.

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El calvario físico de la nena incluyó lo que el expediente caratuló como una sistemática privación alimentaria durante los largos períodos de traslado por las rutas del país. La falta de nutrición adecuada y la prohibición de visitar médicos agravaron su estado de salud, dejando secuelas que fueron documentadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos. Los captores utilizaban el hambre y el aislamiento sanitario como métodos de tortura para asegurar que la adolescente no tuviera fuerzas para rebelarse o escapar.

La figura legal de la unión forzada de hecho fue el eje que permitió a los agresores mantener a la nena bajo su poder bajo la apariencia de un matrimonio. Bajo este esquema de dominación, el hijo de la familia captora ejercía un control personal que impedía cualquier tipo de autonomía sobre el cuerpo y la vida cotidiana de la menor. El tribunal entendió que este vínculo no era más que una máscara para facilitar la explotación laboral y el abuso sistemático de una persona vulnerable.

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La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) aportó las herramientas necesarias para encuadrar los hechos bajo la calificación de "trata agravada". Esta intervención permitió que el caso fuera abordado con una mirada integral, entendiendo que el delito se desplazaba por distintas provincias sin perder su unidad criminal. La acusación fiscal se centró en demostrar que la víctima era una niña privada de sus derechos más elementales por una estructura de poder organizada.

El trabajo técnico de las divisiones de Gendarmería en las distintas provincias resultó determinante para documentar la secuencia de movimientos forzados. La reconstrucción de la línea de tiempo permitió identificar las responsabilidades penales de cada integrante de la familia involucrada en la cadena de mandos delictiva. Gracias a este esfuerzo de coordinación interagencial, la causa llegó al debate oral con una base probatoria que no dejó margen para las dudas sobre la culpabilidad.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan decidió finalmente aplicar una condena de diez años de prisión para los responsables del hecho. Sin embargo, el veredicto deja abierta la necesidad de un seguimiento institucional permanente para la joven y su pequeño hijo, quienes ahora deben reconstruir sus vidas fuera del cautiverio.