Imputan a Demián Reidel por gastos personales con fondos de Nucleoeléctrica
Policiales08/05/2026
REDACCIÓNEl fiscal federal Ramiro González inició una investigación sobre la cuenta corporativa 338402. Sospechan pagos personales en dólares con dinero del Estado.
El anonimato de los resúmenes bancarios es el primer escollo que busca derribar la justicia federal en el caso de la empresa estatal energética. Aunque el reporte interno de la compañía detalla cada movimiento financiero, todavía falta ponerle nombre y apellido a quién utilizó efectivamente el plástico para ciertos consumos. El fiscal Ramiro González advirtió que la documentación analizada hasta ahora no permite discernir si se trató de un único usuario o de varios adicionales con acceso a los fondos.
Las sospechas sobre los gastos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 incluyen rubros que difícilmente encajen en el mantenimiento técnico de una central nuclear. Los movimientos detectados refieren a pagos en peluquerías, bares, free shops y servicios de playa, además de llamativos adelantos de efectivo realizados en moneda extranjera. Según el dictamen, estas operaciones “aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa” y representan una posible malversación.
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La respuesta de Demián Ernesto Reidel ante la imputación fue tajante y buscó despegarse de cualquier irregularidad en el manejo de la tarjeta. El expresidente de la firma nacional aseguró que sus movimientos no registran infracciones y exigió que se revise hasta el último centavo gastado bajo su gestión. “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada”, escribió el exfuncionario para defender su integridad ante la opinión pública.
El control interno de la firma estatal también quedó bajo sospecha técnica en el requerimiento de instrucción firmado por la fiscalía federal. La investigación alcanza no solo a Reidel, sino también a integrantes del Directorio y de la Sindicatura por no haber detectado o frenado estos consumos a tiempo. Se busca determinar si existió una omisión en los deberes de vigilancia que permitió que el dinero público se filtrara en gastos ajenos a la función específica de la entidad.
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La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada originalmente por la diputada nacional Marcela Pagano, quien aportó los datos sobre la cuenta corporativa identificada. La legisladora planteó la posible comisión de delitos graves como peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el Estado. Esta presentación judicial forzó la apertura de una etapa de recolección de pruebas que ahora se encamina a los bancos para obtener el detalle de cada ticket.
Nucleoeléctrica Argentina S.A. administra activos de alta sensibilidad para el sistema energético y su presupuesto está sujeto a normas de transparencia extremadamente estrictas. El fiscal González remarcó que, incluso si algunos de estos pagos se realizaron durante viajes de carácter oficial, podrían chocar contra el régimen vigente de viáticos. La justicia debe separar ahora los gastos institucionales que tengan respaldo documental legítimo de aquellos que representen un beneficio personal prohibido por la ley.
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El documento clave que motorizó la causa se conoció como “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.” y llegó al Congreso tras un pedido de acceso a la información. La diputada Florencia Carignano fue quien solicitó originalmente estos datos, exponiendo una lista de fechas e importes que generó inquietud en los despachos judiciales de Comodoro Py. La falta de una rendición detallada sobre el destino de las operaciones observadas es lo que ahora sustenta la imputación formal contra los exdirectivos.
La estrategia defensiva de Reidel consiste en que se investigue cada movimiento para demostrar que no hubo dolo ni uso indebido de los recursos públicos. Sin embargo, la fiscalía insiste en que la cuenta número 338402 funcionó sin una trazabilidad clara sobre quiénes eran los titulares autorizados para gastar en dólares. Esta opacidad administrativa es la que permitió, según la hipótesis de los investigadores, que se registraran consumos que nada tienen que ver con los objetivos estratégicos del sector nuclear.
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Las medidas urgentes solicitadas al juzgado apuntan a obtener la información bancaria detallada que identifique de forma unívoca a los responsables de cada transacción. El fiscal González pretende conocer el nombre de cada comercio, el importe exacto y, fundamentalmente, el usuario del plástico que firmó cada una de las operaciones bajo la lupa. De esta manera, la causa entra en una fase técnica donde la reconstrucción de los movimientos financieros será el único camino para establecer responsabilidades penales definitivas.
Fuente: NA.
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