Pidieron suspender a la psicóloga que avaló que Ángel viviera con su madre

El abogado Roberto Castillo denunció a Jennifer Grisel Leiva y solicitó medidas urgentes en la causa por la muerte del niño de Comodoro Rivadavia.

El caso por la muerte de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo judicial con una denuncia contra la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, señalada por haber intervenido en el proceso que respaldó que el menor viviera con su madre, Mariela Altamirano, actualmente detenida e imputada en la causa. La presentación fue realizada por el abogado Roberto Castillo, en representación del padre del niño, Luis López.

El planteo apunta a investigar si hubo responsabilidades profesionales o institucionales en las decisiones previas al crimen. Según la denuncia, Leiva habría participado en informes vinculados a la situación familiar de Ángel y al proceso que derivó en su convivencia con Altamirano. La acusación solicita que se analice su actuación dentro del Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia y que se adopten medidas preventivas mientras avance la investigación.

El petitorio redactado por Castillo contiene ocho puntos. Uno de los más relevantes es el pedido de denuncia penalcontra Leiva por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real. La presentación busca que esas posibles conductas sean incorporadas al análisis judicial del caso.

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Otro de los requerimientos apunta al secuestro del legajo profesional y personal de la denunciada en distintos organismos. El abogado pidió que la medida alcance al Servicio de Protección de Derechos, al Colegio de Psicólogos de Chubut y a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, incluyendo todos los informes técnicos emitidos por Leiva durante los últimos 24 meses.

La presentación también reclama la suspensión preventiva de la profesional en sus funciones dentro del SPD mientras dure la investigación. Según el planteo, esa medida tendría carácter cautelar y buscaría evitar un eventual entorpecimiento probatorio o la continuidad de conductas similares en otros expedientes vinculados a revinculación familiar.

Entre las medidas solicitadas se incluyó además la prohibición de salida del país de la denunciada hasta que se resuelva su situación procesal. También se pidió resguardar y controlar los expedientes del SPD de Comodoro Rivadavia relacionados con casos de revinculación familiar, un punto que apunta a revisar si existieron patrones de intervención similares en otros procesos.

Los dos últimos puntos del petitorio reclaman que se reciba la prueba testimonial ofrecida por la querella y que se designe un perito psicólogo forense independiente. Con esa medida, la parte denunciante busca que la actuación profesional de Leiva sea evaluada por un especialista ajeno a los organismos que participaron previamente en el caso.

La denuncia se suma a una presentación previa realizada por la Fundación Más Vida, que ya había apuntado contra Leiva y contra otra profesional, Vanesa Marín, por los informes que habrían favorecido que Mariela Altamirano obtuviera la tenencia del niño. Desde esa organización sostuvieron que las profesionales no habrían contado con un análisis socioambiental suficiente para advertir las condiciones en las que iba a vivir Ángel.

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El caso generó conmoción en Comodoro Rivadavia y abrió un fuerte debate sobre el rol de los organismos encargados de proteger a niñas, niños y adolescentes. Mientras la causa principal avanza contra Altamirano y su pareja, la familia paterna busca ampliar el foco de investigación hacia quienes intervinieron antes del crimen y pudieron haber tenido responsabilidad en las decisiones que afectaron al niño.

Castillo ya había anticipado que la querella avanzaría con presentaciones paralelas para investigar responsabilidades más allá de los imputados por el homicidio. “Nos tomamos semanas para estudiar el expediente e identificar qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron”, afirmó el abogado al explicar el alcance de las nuevas denuncias.

La Justicia deberá definir ahora si hace lugar a las medidas pedidas, si acumula la denuncia a la investigación principal y qué alcance tendrá la revisión sobre los informes profesionales. Para la familia de Ángel, el objetivo es que la causa no se limite al hecho final, sino que también reconstruya el recorrido institucional previo que permitió que el niño quedara en un entorno que, según sostienen, ya venía siendo advertido como peligroso.