La médica María Victoria Bianchi grabó un testimonio personal para explicar por qué decidió recurrir a la fiscalía tras los fallecimientos ocurridos en el Hospital SAMIC.
La muerte de dos recién nacidos en la Unidad de Neonatología del Hospital SAMIC durante el mes de abril dejó de ser un hecho de dolor privado para convertirse en un complejo proceso penal. La doctora María Victoria Bianchi, médica neonatóloga itinerante que prestaba servicios en la institución, decidió llevar el caso a la Justicia para que se determine qué sucedió realmente en esos días. “Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga, por respeto a mi misma, a lo que viví en esos momentos, a lo que sentí”, declaró la profesional a través de sus redes sociales.
La postura de Bianchi, radicada en Córdoba, marca un contraste absoluto con la discreción inicial que rodeó a los hechos y se suma a las presentaciones realizadas por las madres de las víctimas. Para la médica, el paso hacia la fiscalía es una cuestión de “respeto a los bebés muertos y sus familias”, un gesto que forzó a la conducción del centro de salud a admitir la crisis de manera pública. Actualmente, el juez de instrucción Alberto Albarracín tiene en sus manos dos expedientes que buscan reconstruir la atención médica recibida por los bebés.
Ante la gravedad del conflicto interno y la difusión de las denuncias, el Hospital SAMIC emitió un descargo donde asegura “que se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos”. La institución intenta sostener su imagen pública bajo el argumento de su “compromiso con la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y la transparencia institucional”. Sin embargo, la investigación administrativa corre en paralelo a una causa penal que ya movilizó documentación y registros clínicos hacia el juzgado.
Las madres de los bebés fallecidos canalizaron sus presentaciones iniciales a través de una Defensoría Oficial, organismo que elevó los reportes a la Fiscalía de Instrucción local. El tiempo transcurrido entre los fallecimientos y la judicialización masiva de los casos generó un clima de incertidumbre sobre el funcionamiento de la Unidad de Neonatología durante el mes pasado. La justicia busca ahora determinar si existieron fallas en los protocolos o negligencias específicas en el tratamiento de los recién nacidos atendidos con pocos días de diferencia.
La dirección del hospital santacruceño manifestó estar “colaborando plenamente con las autoridades judiciales competentes” para facilitar el avance de la instrucción. A pesar del hermetismo inicial, la cúpula médica del SAMIC puso a disposición toda la información requerida por el juez Albarracín para intentar desligar responsabilidades institucionales. El conflicto escaló de tal manera que la dirección reafirmó “su rol esencial para la comunidad de El Calafate y la región” para intentar llevar calma a los futuros pacientes del servicio público.
El relato de la doctora Bianchi es la pieza que termina de configurar el escenario de crisis, ya que proviene de una profesional que estuvo presente durante el período crítico. La neonatóloga eligió la justicia cordobesa para formalizar su presentación, lo que obligará a una coordinación entre jurisdicciones para unificar la prueba testimonial. Esta denuncia se vuelve fundamental para entender si hubo advertencias previas que fueron ignoradas por las autoridades del hospital durante el mes de abril.
Desde el ámbito oficial del SAMIC, el discurso se centra en garantizar la “continuidad y el adecuado funcionamiento del servicio público de salud” pese al escándalo. Las autoridades cerraron su comunicado ofreciendo su “acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”, aunque las denunciantes sostienen que la respuesta llegó recién cuando el caso tomó estado público. El expediente judicial ahora deberá analizar si esa solidaridad se traduce en transparencia efectiva durante la etapa de producción de pruebas.
El juez Albarracín evalúa por estas horas si existen elementos suficientes para llamar a indagatoria a los responsables del área o si la investigación interna del hospital aporta datos nuevos. La multiplicidad de denuncias, tres en total, le otorga una dimensión poco frecuente a este tipo de procesos por presunta mala praxis en la región. El peritaje de las historias clínicas será el próximo paso clave para cruzar los datos técnicos con el testimonio de la médica que decidió romper el silencio institucional.
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