La Corte Suprema obliga al STJ a revisar una absolución por abuso sexual en Madryn

Policiales09/05/2026

El máximo tribunal nacional invalidó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que había cerrado una causa por abuso carnal. El expediente vuelve a Madryn.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la validez de un fallo dictado en Chubut y obligó a las autoridades locales a reabrir una causa por abuso sexual con acceso carnal. El máximo tribunal consideró que la justicia provincial ignoró los estándares internacionales de protección a las mujeres durante el proceso iniciado en Puerto Madryn. La resolución anula lo actuado previamente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y demanda una fundamentación que no sea meramente aparente.

El conflicto judicial escaló hasta la instancia nacional luego de que el Ministerio Público Fiscal denunciara una valoración arbitraria de las pruebas producidas en el debate. La fiscalía consideró que los magistrados de la provincia cerraron la vía recursiva de manera prematura, impidiendo una revisión integral del caso. Ante esta situación, se presentó un recurso de queja que finalmente fue aceptado por la mayoría de los ministros de la Corte.

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La decisión administrativa previa que intentó clausurar el proceso había sido firmada por los ministros Alejandro Panizzi y Camila Banfi Saavedra, integrantes de la Sala Penal del STJ. Estos jueces declararon en su momento inadmisible el planteo de la acusación, dejando firme una absolución que ahora queda sin efecto legal. La intervención federal resalta que los tribunales chubutenses deben aplicar criterios de “debida diligencia reforzada” en este tipo de delitos sensibles.

El hecho que originó el expediente ocurrió el 10 de abril de 2020 en la ciudad de Puerto Madryn y derivó en un juicio oral dos años más tarde. En octubre de 2022, un Tribunal Colegiado resolvió absolver al imputado basándose en el “beneficio de la duda”, una conclusión que la fiscalía cuestionó desde el primer momento. El fiscal Jorge Eduardo Burgueño fue quien impulsó las primeras etapas de esta investigación que ahora regresa a su punto de partida judicial por orden superior.

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El procurador general de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, sostuvo en su apelación que la justicia provincial examinó los testimonios de forma fragmentada. En el escrito presentado ante la Nación, se subrayó la falta de aplicación de la Ley 26.485 y de la Convención de Belém do Pará. El planteo fiscal exigió que se deje de lado la valoración aislada de indicios para observar el contexto completo de violencia contra la mujer denunciado en la costa chubutense.

La Corte Nacional determinó que la sentencia del STJ presentaba una “fundamentación aparente”, lo que equivale a una falta de sustento jurídico real sobre los hechos. El fallo federal indica que no se puede cerrar una causa de esta gravedad institucional sin agotar la revisión de todos los elementos producidos durante el proceso. La jurisprudencia argentina establece que la perspectiva de género no es una opción para los jueces, sino una obligación jerárquica ineludible.

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La obligación de dictar un nuevo pronunciamiento recaerá ahora sobre un tribunal que deberá ajustarse a los parámetros de protección vigentes. Este concepto obliga a los magistrados a actuar con especial cuidado para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. La omisión sistemática de estos estándares fue el motivo principal por el cual la Corte decidió abrir la queja directa impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

El expediente se encuentra nuevamente bajo la órbita de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, a la espera de una nueva designación de jueces. La anulación de la sentencia anterior permite que la víctima recupere la posibilidad de que su denuncia sea analizada bajo una óptica de justicia integral. Este movimiento institucional marca un precedente sobre cómo deben actuar los tribunales superiores de las provincias frente a los recursos extraordinarios federales.

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El camino administrativo para llegar a esta instancia fue complejo y demandó varios años de insistencia técnica por parte de la Procuración General. La respuesta de la Corte Suprema no implica una condena automática del acusado, pero garantiza que el razonamiento judicial sea sometido a un control de legalidad riguroso. El resultado de este nuevo examen determinará si la justicia de Chubut logra finalmente adaptar sus fallos a las normativas de protección de derechos humanos.