Chubut no pagará por la tragedia del Dique por que la Justicia ordenó que solo recaiga sobre Buenos Aires
Chubut10/05/2026
REDACCIÓNLa Cámara de Apelaciones de Trelew revocó la responsabilidad compartida por el derrumbe de la pasarela en 2002. Los jueces determinaron que la culpa fue de los docentes y ordenaron pagar las indemnizaciones con valores de autos y casas actuales para evitar licuaciones.
La Provincia del Chubut quedó eximida de toda carga económica por el colapso de la pasarela del Dique Florentino Ameghino. En una resolución que modifica lo actuado anteriormente, la Cámara de Apelaciones de Trelew determinó que el Estado local no tiene responsabilidades compartidas en el desastre ocurrido hace 24 años. El tribunal resolvió que "la Provincia del Chubut no debe pagar las indemnizaciones a las familias", trasladando la obligación de resarcimiento de forma exclusiva a las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires.
Los magistrados Marcelo Peral y Guillermo Walter fueron los encargados de corregir el fallo de primera instancia que intentaba repartir la culpabilidad entre ambas jurisdicciones. Según la nueva sentencia, no resulta válido imputar a Chubut por la ausencia de cartelería de advertencia en la estructura. El argumento central se apoya en que la justicia penal ya determinó, hace casi veinte años, que el factor determinante del derrumbe no fue técnico, sino humano.
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El Superior Tribunal de Justicia dejó firme en su momento que la causa real del desastre fue la decisión de los responsables del grupo escolar de permitir un exceso de carga. El fallo actual recuerda que se produjo una "imprudencia de los docentes al permitir que más de 50 personas se amontonaran sobre el puente al mismo tiempo". Bajo esta premisa, la falta de mantenimiento o señalización de la provincia anfitriona queda en un segundo plano frente a la negligencia de quienes debían cuidar a los alumnos.
Para garantizar que los familiares y sobrevivientes perciban un monto que no haya sido devorado por la inflación, la Cámara dispuso un método de cálculo inédito. Las indemnizaciones deberán actualizarse tomando como referencia el "costo de construcción de viviendas y el precio de vehículos de mercado". Esta medida busca que el dinero que reciban los demandantes mantenga un poder adquisitivo real, equivalente a bienes tangibles actuales y no a valores nominales depreciados por el paso del tiempo.
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Además de la actualización por bienes, los jueces aplicaron un mecanismo legal de capitalización de intereses. Esta herramienta técnica impide que la demora de más de dos décadas en el proceso judicial termine beneficiando al deudor. El objetivo es evitar que los vaivenes de la economía afecten el valor de lo que finalmente cobren las víctimas, asegurando una "compensación justa después de 24 años de juicio" que ya ha agotado casi todas sus instancias.
La resolución cierra así el capítulo de las responsabilidades civiles para la administración chubutense, que durante años estuvo bajo la sombra de posibles embargos millonarios. Al quedar Buenos Aires como única responsable, el foco se desplaza ahora hacia la ejecución de esos pagos por parte del gobierno bonaerense. La estructura que cedió en 2002 bajo el peso de una delegación escolar de Merlo ha generado uno de los litigios más extensos y complejos de la región.
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El fallo de Peral y Walter pone fin a la teoría de la responsabilidad compartida que había generado falsas expectativas de cobro inmediato sobre las cuentas de Chubut. La decisión es definitiva y establece un precedente sobre cómo deben liquidarse deudas judiciales de tan larga data en contextos de alta inestabilidad monetaria. Los intereses acumulados desde el día de la tragedia hasta hoy representan una cifra que solo podrá cubrirse bajo el nuevo esquema de valores de mercado propuesto.
Desde el ámbito judicial explicaron que la sentencia intenta saldar una deuda moral y material con quienes padecieron la pérdida de sus seres queridos. Al utilizar el costo de la construcción como unidad de medida, el tribunal intenta que la justicia llegue, aunque tarde, con una reparación económica palpable. La Provincia de Buenos Aires deberá ahora afrontar el total de la cuenta por el actuar de sus agentes públicos durante aquel viaje de estudios.
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