Israel habilitó la pena de muerte para acusados por el ataque de Hamás del 7 de octubre
Actualidad11/05/2026
REDACCIÓNLa nueva ley crea un tribunal militar especial para juzgar a cientos de detenidos y ya provocó fuertes críticas de organismos internacionales.
Israel dio un paso inédito dentro de su respuesta judicial al ataque de Hamás del 7 de octubre y aprobó una ley que permitirá juzgar en un tribunal militar especial a los palestinos acusados de participar en la ofensiva. La decisión incluyó además la posibilidad de aplicar la pena de muerte, una condena que no se ejecuta en el país desde hace más de seis décadas.
La medida recibió 93 votos afirmativos y ningún rechazo dentro de la Knesset, el Parlamento israelí, en una sesión que dejó expuesto el amplio respaldo político a la iniciativa. El nuevo esquema judicial estará destinado específicamente a unas 300 personas capturadas por las fuerzas de seguridad israelíes durante el ataque ocurrido en octubre de 2023.
El tribunal funcionará dentro del sistema de justicia militar israelí y tendrá facultades para intervenir sobre distintos delitos vinculados con la incursión encabezada por Hamás. Entre ellos aparecen acusaciones por genocidio, terrorismo, atentados contra la soberanía israelí, instigación a la guerra y colaboración con enemigos durante un conflicto armado.
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la habilitación explícita de la pena capital para quienes resulten condenados por genocidio. La legislación aprobada permite aplicar esa condena extrema en causas vinculadas con el ataque y marca un endurecimiento inédito dentro del sistema penal israelí contemporáneo.
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La última vez que Israel ejecutó una sentencia de muerte fue en 1962, cuando condenó al criminal nazi Adolf Eichmann. Desde entonces, la pena capital permaneció prácticamente fuera de aplicación efectiva, incluso en causas de enorme repercusión nacional o vinculadas con terrorismo.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, celebró la aprobación parlamentaria y sostuvo que se trató de “uno de los momentos más importantes de la actual Knesset”. El funcionario además afirmó: “Se percibe que estamos haciendo lo correcto al encontrar la manera de unirnos en este momento, incluso en vísperas de las elecciones y a pesar de todos los desacuerdos existentes”.
La legislación también establece que ninguno de los sospechosos o condenados por hechos relacionados con el 7 de octubre podrá recuperar la libertad mediante futuros intercambios o acuerdos de liberación de presos. Esa cláusula aparece directamente ligada a las negociaciones que históricamente existieron entre Israel y organizaciones armadas palestinas.
Mientras el oficialismo defendía la medida como una respuesta excepcional frente a un ataque sin precedentes, distintas organizaciones internacionales cuestionaron duramente el contenido de la ley. Las críticas apuntaron principalmente al funcionamiento del tribunal especial y a las garantías procesales previstas para los acusados.
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La organización jurídica Adalah, que trabaja en defensa de la minoría árabe en Israel, sostuvo que “el proyecto de ley niega a los sospechosos las garantías procesales básicas esenciales para un juicio justo”. En otro tramo del comunicado citado por la agencia Xinhua advirtió que cualquier condena a muerte implicaría “una privación arbitraria de la vida, absolutamente prohibida por el derecho internacional y potencialmente un crimen de guerra”.
El ataque de Hamás del 7 de octubre dejó alrededor de 1.200 muertos en territorio israelí y derivó además en el secuestro de más de 250 personas, según cifras oficiales difundidas por Israel. La respuesta militar posterior sobre Gaza provocó una devastación masiva dentro del enclave palestino y, de acuerdo con autoridades sanitarias gazatíes, ya causó al menos 72.737 muertes.
La aprobación de esta nueva ley vuelve a tensar el escenario político y judicial en medio de un conflicto que continúa abierto y que sigue acumulando consecuencias humanitarias, militares y diplomáticas en toda la región. El funcionamiento concreto del tribunal especial y las primeras acusaciones formales quedarán ahora en el centro de la atención internacional.
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