Denuncian que estaciones de servicio pegan calcomanías de control sin revisar los surtidores por privatización de inspecciones

Trabajadores del INTI advierten que la privatización de las inspecciones de combustible derivó en una falta de control real. Al mismo tiempo, el Gobierno confirmó que despedirá a otros 700 profesionales.

Los conductores que cargan combustible en las estaciones de servicio del país están perdiendo una garantía histórica de transparencia. El sistema de fiscalización de surtidores, que tradicionalmente realizaba el Estado a través del prestigio técnico del organismo nacional, está bajo sospecha debido a la delegación de tareas en laboratorios privados. Según reveló el ingeniero electromecánico Claudio Berterreix, existen testimonios de estacioneros que aseguran recibir directamente las estampitas de habilitación por correo, sin que ningún técnico haya pasado a verificar que las máquinas entreguen la cantidad exacta de combustible por la que el cliente paga.

“Hoy lo que está pasando es que quien está a cargo de prestar el servicio de control son laboratorios privados y por eso ya tenemos reseñas de algunos estacioneros que nos dicen que directamente les mandan la estampita para ponerla en los surtidores”, detalló el profesional. Esta situación ocurre porque, según su visión, el sector privado no posee la capacidad técnica ni la presencia territorial que el organismo estatal desarrolló durante décadas. El riesgo de que se emitan certificaciones “sin haberlos controlado” representa un quiebre en la confianza del consumidor final en un insumo básico.

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El desmantelamiento técnico se profundiza con una nueva decisión política proveniente del Ministerio de Modernización. Las autoridades que conduce Federico Sturzenegger informaron que el plan oficial contempla “despedir como mínimo a 700 personas” adicionales en el corto plazo. Esta cifra se sumará a los 900 empleados que ya fueron desvinculados desde diciembre de 2023, reduciendo la planta operativa de manera drástica. La planta de personal pasó de tener 3.200 trabajadores a apenas 2.300 en la actualidad, afectando áreas de investigación y asistencia directa a la industria.

La reducción de personal no solo se dio por despidos directos, sino también mediante un sistema de retiros voluntarios que es cuestionado desde adentro por su costo fiscal. Profesionales que estaban a un mes de jubilarse aceptaron indemnizaciones que alcanzaron cifras extraordinarias para el erario público. “Fue un mal negocio para el Estado y pésimo para quienes pagamos los impuestos”, sentenció Berterreix al explicar que se ofrecieron “decenas de miles de dólares de indemnización” a personas que de todas formas estaban por abandonar el organismo de manera natural.

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Más allá del conflicto laboral, el impacto llega al corazón de las empresas nacionales que dependen de la tecnología pública para competir. Hace apenas dos semanas, las autoridades dieron de baja más de mil servicios tecnológicos considerados críticos, los cuales no tienen reemplazo en el mercado. Se trata de ensayos y certificaciones que los laboratorios privados no realizan por falta de rentabilidad o equipamiento, dejando a las Pymes sin el respaldo técnico necesario para garantizar la calidad de sus productos ante el mundo.

Claudio Berterreix, quien se desempeñó como gerente operativo de Servicios Industriales, define al organismo como la herramienta pública indispensable para el desarrollo nacional. Según su perspectiva, la industria requiere un equilibrio entre la pata financiera y la pata técnica, siendo esta última la función indelegable que hoy se está perdiendo. “Si planificamos un país con algo de industria sí o sí tenemos que tener capacidades públicas tecnológicas”, advirtió sobre el giro que está tomando la gestión actual respecto al fomento productivo.

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El clima de tensión llegó a su punto máximo este miércoles, cuando se impidió físicamente el debate entre los técnicos y sus principales usuarios. El personal del organismo tenía previsto realizar una jornada de reflexión junto a empresarios Pymes, pero las autoridades actuales prohibieron el ingreso de los invitados a la sede central ubicada en San Martín. El bloqueo a los industriales nacionales impidió que se abordaran las problemáticas técnicas que afectan la producción, profundizando la distancia entre el Estado y el sector productivo privado.

Esta política de recorte se fundamenta, para los trabajadores, en una discusión profunda sobre la estructura económica de la Argentina. Desde las bases del organismo sostienen que no existe nación desarrollada que haya prescindido de su base industrial. La preocupación actual es que se esté forzando “un modelo de país” donde el apoyo tecnológico estatal desaparezca, dejando a las fábricas locales a merced de un mercado sin árbitros técnicos confiables que validen procesos y estándares.