
El peronismo se fracturó en el Senado para extender por cinco años el mandato del juez Mahiques
Política15/05/2026
REDACCIÓNUn sector mayoritario del justicialismo se alió al oficialismo para sostener al magistrado en Casación, desoyendo las denuncias del kirchnerismo duro.

La bancada del peronismo en el Senado evidenció una grieta profunda durante la votación que extendió la continuidad del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras el kirchnerismo cerró filas en un rechazo rotundo, un nutrido grupo de senadores justicialistas de diversas provincias unió sus votos a la estructura oficialista de La Libertad Avanza y el PRO. Esta fractura expuso de manera directa las diferencias internas sobre cómo relacionarse con el poder judicial en un escenario de extrema paridad parlamentaria.
El cisma opositor adquirió argumentos explícitos cuando los legisladores del norte del país priorizaron la cobertura de cargos en los tribunales federales por sobre las disputas políticas de corte porteño. La senadora jujeña Carolina Moisés, integrante del bloque Convicción Federal, defendió su postura favorable apuntando a la parálisis que sufren las jurisdicciones alejadas de la capital nacional. “Tenemos el 30% de los cargos de la Justicia Federal vacantes. Esas falencias y vacancias significan que en cada una de nuestras provincias la Justicia Federal no funciona como corresponde, y me refiero a provincias del norte con fronteras calientes”, argumentó para justificar una posición que la distanció del criterio de la conducción central.
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La respuesta de la conducción tradicional del bloque llegó de inmediato con severas acusaciones hacia los despachos de la Comisión de Acuerdos y el rumbo institucional de la Cámara Alta. José Mayans lideró la resistencia legislativa al manifestar de forma taxativa el rechazo de su sector a convalidar la prórroga de un magistrado que está próximo a cumplir los 75 años de edad. “Una vergüenza lo que están haciendo en la Comisión de Acuerdos. No vamos a acompañar el pliego de Mahiques, no nos vamos a prestar a eso. Esperemos que cambie el sistema judicial en la Argentina, para eso esta el Senado: para ponerle remedio a esa situación”, disparó el legislador formoseño antes del desenlace en el recinto.
El debate escaló rápidamente hacia la discusión de fondo respecto al modelo de administración de penas que buscan consolidar las distintas fuerzas partidarias en el país. El propio José Mayans profundizó sus críticas institucionales al advertir que la aprobación del pliego representa la construcción de un esquema de fallos condicionados a los intereses del gobierno de turno. “Están preparando una justicia a la carta. No estamos votando un acuerdo de prórroga solamente: estamos definiendo qué tipo de justicia queremos”, sentenció el jefe de la bancada opositora para marcar una línea ideológica divisoria frente a sus propios compañeros de partido.
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La réplica política desde el oficialismo buscó blindar la figura del magistrado validando su actuación técnica en los expedientes de corrupción pública más resonantes de la última década. Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, tomó la palabra para rechazar los cuestionamientos de la oposición y ponderar el desempeño del juez en los tribunales de alzada. “No fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas, fue el que participó del análisis de las medidas probatorias; no fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez, fue el que lo juzgó”, exclamó la legisladora para ratificar el fuerte alineamiento del bloque oficialista con la ratificación del funcionario.
El encuadre técnico del nombramiento corrió por cuenta del senador riojano Juan Carlos Pagotto, quien preside la Comisión de Acuerdos y defendió la legalidad estricta de cada paso del dictamen mayoritario. El legislador oficialista rechazó las impugnaciones de idoneidad y recordó ante el pleno que el postulante cumplió con las audiencias de rigor exigidas por la Constitución Nacional. “Tiene despacho de comisión, se cumplieron los pasos reglamentarios y se escuchó al postulante, quien contesto todas las preguntas”, detalló para clausurar los cuestionamientos reglamentarios de las bancadas opositoras del kirchnerismo.
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La votación final culminó con un contundente tablero de 58 voluntades a favor y solo 11 en contra, reflejando que el aislamiento de la postura más dura obedeció a una fuga masiva de voluntades provinciales peronistas. Los tres senadores de Santiago del Estero que responden de forma directa a Gerardo Zamora, entre ellos José Neder y Elia Moreno, aportaron sus firmas al dictamen favorable. A este bloque norteño se sumaron legisladores del justicialismo tradicional de peso como Carlos Linares, Mario Lewandowski, Cándida López, José Manzur, Sergio Uñac, Fernando Rejal, Fernando Salino, Adán Bahl, Daniel Bensusan y María Teresa González.
El sector alineado con el Instituto Patria descargó sus municiones más duras a través del senador Martín Soria, quien impugnó la postulación desde una perspectiva ética y partidaria. El exministro de Justicia apuntó contra la figura pública del camarista y sembró dudas respecto a la imparcialidad de sus futuras decisiones en los expedientes que involucran a dirigentes políticos. “Carlos Mahiques no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas para seguir ejerciendo como juez de la Nación por otros cinco años”, acusó el parlamentario rionegrino antes de profundizar sus cuestionamientos personales hacia el juez.
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El propio Soria subió la tensión en las bancas al definir al magistrado como un actor político encubierto bajo las formas de la diplomacia judicial tradicional de los tribunales de Comodoro Py. Para el legislador opositor, la amabilidad que mostró el candidato durante las entrevistas formales contradice el peligro real que esconden sus interpretaciones legales históricas. “Mahiques es un lobo con piel de cordero. Porque detrás de ese magistrado correcto, amable y de tono moderado que tuvimos en la comisión de acuerdos, hay un juez con fallos verdaderamente peligrosos, alineamientos políticos elocuentes y una trayectoria atravesada de punta a punta por la política partidaria”, remató frente a la mirada atenta del resto de los bloques.
La extensa jornada legislativa estuvo comandada desde el estrado principal por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien administró un temario cargado de expedientes sensibles de seguridad y economía. El Senado alternó la votación de Casación con el tratamiento del régimen de regularización de armas de fuego y la devolución a comisiones de un proyecto vinculado al financiamiento externo del Estado. Esta negociación global facilitó además el ingreso formal de una tanda de 60 nuevos pliegos judiciales que iniciarán el circuito de impugnaciones, audiencias y avales públicos en las próximas semanas.
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El paquete de postulaciones enviado por el Poder Ejecutivo incluye los nombres de los magistrados Víctor Pesino, propuesto para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Juan Rodríguez Ponte, de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, y Leopoldo Rago Gallo, juez de San Juan. La aprobación del caso de Casación sienta una jurisprudencia interna sobre cómo se resolverán las futuras vacantes judiciales en un Congreso atomizado. Las próximas discusiones en la Comisión de Acuerdos medirán con exactitud el verdadero alcance de los pactos provinciales y el peso real de los bloques frente a la reorganización de los tribunales federales de todo el país.
Fuente: NA.
















