Los hogares que logran mantener sus cuentas al día cayeron al nivel más bajo en años debido a las dificultades estructurales para cubrir gastos básicos sin recurrir al financiamiento alternativo.
El margen de maniobra de las economías domésticas para sostener la regularidad de sus obligaciones financieras sufrió un quiebre severo producto de la pérdida de poder adquisitivo. Las cuentas corrientes y los planes de pago otorgados por mutuales, cooperativas, financieras de consumo y tarjetas de crédito locales registran niveles de incumplimiento sin precedentes, alterando el funcionamiento habitual de los comercios minoristas. Esta imposibilidad de cancelar los saldos mensuales empuja a un universo creciente de asalariados hacia la irregularidad permanente, transformando las deudas cotidianas en pasivos que los esquemas de cobro ordinario ya dan por perdidos.
Las auditorías de comportamiento financiero revelan que los créditos que se desenvuelven en situación normal descendieron de manera abrupta al 66,7 por ciento del total de la cartera, una cifra que dista del panorama observado a fines de 2023, cuando esa misma categoría explicaba el 86 por ciento del financiamiento. El achicamiento de la franja de cumplimiento habitual demuestra que cumplir con los vencimientos dejó de ser la norma para una porción considerable de la población. La masa de deudores que logra preservar un estatus regular o de bajo riesgo disminuyó del 92,7 por ciento que se verificaba en diciembre de 2024 al 72,5 por ciento actual.
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La cara más compleja de este fenómeno es la velocidad con la que se multiplicaron las cuentas incobrables dentro del circuito informal o periférico del dinero. El stock de préstamos catalogados bajo la condición de irrecuperables saltó desde los 177.000 millones de pesos a un volumen de 1,54 billones de pesos, acumulando una expansión geométrica en un período de apenas quince meses. Este salto representa que los créditos con altísimas probabilidades de no ser rescatados nunca alcanzaron el 10,8 por ciento del total de la cartera general de asistencia no bancaria, cuadruplicando la tasa que se registraba el año anterior.
La vulnerabilidad del sector privado se potencia al constatar que las herramientas de auxilio complementario están dirigidas casi de modo exclusivo al sostenimiento de los gastos corrientes de la estructura familiar. Las planillas de monitoreo de la consultora Eco Go confirman que el 92 por ciento del crédito no bancario está destinado a familias, un indicador que transparenta cómo las dificultades de los hogares para sostener pagos y niveles de consumo básicos repercuten de manera directa en los balances de las empresas emisoras de tarjetas y créditos de consumo.
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En paralelo a los saldos definitivamente perdidos, los segmentos intermedios de las carteras también sufren un proceso de degradación constante que amenaza con consolidarse en quebrantos mayores para las próximas semanas. Los créditos que las gerencias técnicas consideran de riesgo alto mostraron una fuerte expansión y ya representan el 9,9 por ciento del total del circulante. La suma de estas categorías intermedias y los pasivos críticos determinó que los créditos irregulares escalaran desde un 7,3 por ciento inicial hasta tocar el 27,5 por ciento de la cartera global, desnudando que más de uno de cada cuatro pesos otorgados presenta severas dificultades de cobro.
El escenario de mora que afecta a este circuito de financiamiento alternativo sobrepasa con holgura los promedios de retraso que tradicionalmente administran las entidades que operan bajo la supervisión directa de la autoridad monetaria nacional. El volumen de irregularidad del sector no bancario supera en más de cuatro veces el promedio total del sistema financiero integrado, evidenciando el perfil de alta exposición que asumieron las firmas comerciales de cercanía. Asimismo, la tasa de incumplimiento es 2,4 veces superior a la mora registrada en el crédito bancario destinado estrictamente al consumo de familias.
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La acumulación de deudas vencidas y la imposibilidad material de los clientes de refinanciar sus saldos deterioraron el atractivo de estos instrumentos como canal de inyección de liquidez en el comercio minorista de ciudades como Puerto Madryn. De acuerdo con los informes publicados por el portal de noticias ambito.com, el mercado de asistencia financiera extrabancaria exhibió dos meses consecutivos de caída en términos reales, contrayendo el stock total disponible a la suma de 14,2 billones de pesos durante el mes de marzo. Esta retracción del capital disponible marca el inicio de una fase de fuerte restricción en el otorgamiento de nuevas tarjetas y asistencias personales.
Las firmas dedicadas a la venta de electrodomésticos, indumentaria y consumo general en las provincias se ven forzadas a endurecer las pautas de otorgamiento de cuentas de la casa ante la certeza de que el recupero de las cuotas es cada vez más incierto. Las trabas burocráticas y el endurecimiento de los requisitos mínimos de ingreso marginan del circuito legal de compras a miles de empleados públicos y privados que utilizaban los plásticos alternativos para completar la compra de víveres hacia fin de mes. Esta exclusión del consumo empuja el nivel de actividad hacia abajo, obturando las posibilidades de reactivación en el corto plazo.
El bache en el cobro de las cuotas reduce los márgenes operativos de las cooperativas y mutuales locales, que deben destinar una parte sustancial de sus ingresos corrientes a constituir previsiones contables obligatorias por incobrabilidad. Sin capacidad de apalancamiento externo y con carteras donde el porcentaje de irregularidad roza el tercio del capital prestado, el sistema no bancario ingresa en un ciclo de achicamiento estructural. El desfinanciamiento de estas redes de auxilio deja un vacío de cobertura para los sectores no bancarizados de la sociedad, cuya única alternativa remanente comienza a limitarse al mercado informal de dinero.
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