Le dieron nueve meses de cárcel efectiva a un vecino de Sarmiento que acopiaba balas y un fusil
Policiales15/05/2026
REDACCIÓNUn tribunal declaró la reincidencia por segunda vez de Bruno Nehiual. Lo atraparon durante un allanamiento por robo con una carabina civil sin registrar.
Una segunda declaración de reincidencia por segunda vez clausuró cualquier posibilidad de beneficio ambulatorio para un imputado con antecedentes penales computados en el sur provincial. El dictamen del fuero penal determinó que el acusado regrese de forma inmediata a los calabozos para purgar un castigo de ejecución obligatoria en las celdas de detención. Los antecedentes delictivos acumulados en los legajos del imputado resultaron determinantes para fijar la modalidad de encierro definitivo dispuesta por las autoridades judiciales de Sarmiento.
El juez penal Mauro Soza resolvió dosificar la sanción penal por debajo de las pretensiones originales que había esbozado la parte acusatoria durante las audiencias previas de debate. Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado formalmente un castigo de un año y seis meses de prisión de ejecución obligatoria debido a la gravedad de los antecedentes. El magistrado desestimó esa escala temporal prolongada y fijó el veredicto definitivo en nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo.
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La causa penal que provocó el encarcelamiento se originó a partir de una investigación ordinaria por delitos contra la propiedad ajena ejecutada a finales del año pasado. Las brigadas policiales irrumpieron el 18 de noviembre de 2023 en un domicilio sin numeración catastral visible ubicado sobre la calle Segundo Loncopán. El procedimiento de registro de la vivienda emplazada en el corazón del barrio Progreso buscaba recuperar elementos sustraídos en un robo, pero terminó destrabando un expediente criminal autónomo.
El bloque acusador del estado estructuró una estrategia técnica rigurosa basada en la acumulación de condenas previas para neutralizar las atenuantes de la defensa civil. La procuradora Luciana Coppini lideró las presentaciones en el recinto junto con el funcionario judicial Alexis Ubilla. El equipo de litigación se completó con la asistencia técnica de la abogada de fiscalía Maira Ritter, quien aportó los cartularios registrales que certificaban los fallos anteriores incumplidos por el sospechoso.
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El secuestro material que motivó la nueva persecución delictiva consistió en un arma larga calibre 22 apta para el disparo mecánico de proyectiles de plomo. Los uniformados de la comisaría local descubrieron el fusil de uso civil oculto en los recovecos de las habitaciones residenciales junto a un lote de nueve cartuchos de bala intactos. La posesión de este tipo de dispositivos de fuego requiere una credencial oficial de legítimo usuario expedida por los organismos nacionales correspondientes.
El imputado, identificado formalmente como Bruno Emanuel Nehiual, se encontraba en el interior de la finca inspeccionada al momento del ingreso violento de las comisiones policiales. Las actas de la requisa constataron que el sospechoso de 34 años compartía los ambientes del inmueble bajo sospecha con una mujer cuya identidad se mantuvo en reserva. La presencia de testigos civiles validó el hallazgo del armamento de fuego empotrado en los sectores de uso común de la casa de Segundo Loncopán.
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La imputación criminal se centró de manera exclusiva en el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Las autoridades de la fiscalía prescindieron de probar el uso activo de la carabina de cañón largo en un hecho delictivo concreto o en agresiones callejeras previas. La legislación nacional castiga la mera tenencia del artefacto de peligro abstracto cuando el portador civil carece de la documentación registral oficial de los materiales.
El veredicto condenatorio dictado en las oficinas judiciales de la circunscripción incorporó severas sanciones accesorias de carácter económico y patrimonial contra el causante. Bruno Emanuel Nehiual deberá afrontar el pago directo de una multa pecuniaria de 2.000 pesos fijada por el magistrado interviniente. El reo asumirá además la responsabilidad total del financiamiento de las costas devengadas del proceso penal, una adición financiera obligatoria que engrosa las penalidades de la resolución.
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El expediente de la circunscripción judicial de Sarmiento clausuró su etapa ordinaria de debate para ingresar formalmente en la fase operativa de ejecución de la pena de privación de la libertad. Los defensores oficiales evalúan la presentación de recursos de revisión ante las alzadas provinciales antes de que venzan los plazos legales de impugnación vigentes. La vigencia de la declaración de reincidencia múltiple bloqueará el acceso a las salidas transitorias laborales, obligando al recluso a cumplir la totalidad del tiempo de encierro intramuros.
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