Cambia la acusación a la madre del nene que murió durante el incendio de su vivienda
Policiales15/05/2026
REDACCIÓNLa jueza Daniela Arcuri frenó la audiencia preliminar y otorgó un plazo técnico a la fiscalía para reformular el relato del hecho antes de definir si habrá juicio por jurados.
La jueza penal Daniela Arcuri paralizó el avance de la audiencia preliminar y otorgó un plazo perentorio a la fiscalía para corregir la descripción del hecho imputado. La resolución judicial se tomó tras el reclamo de la defensa, que detectó fallas en la precisión del relato acusatorio y exigió cambios antes de tratar la elevación de la causa a juicio. Este freno técnico posterga la definición sobre el tribunal que juzgará la muerte de un nene de tres años.
La decisión de la magistrada obliga a la fiscal Andrea Rubio a reformular los términos de la pieza acusatoria con la que pretende ligar el caso a un debate con jurados populares. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el episodio encuadra en una figura penal con una expectativa de pena elevada, lo que activa de forma automática la intervención de un tribunal ciudadano. Sin embargo, la orden de la jueza de dictar un cuarto intermedio dejó en suspenso la validación de las pruebas recolectadas.
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La abogada del Estado fundamentó su hipótesis en que "la imputada asumió el riesgo de dejarlo solo al menor" en el interior de la vivienda. La acusación pública intenta probar que A. F. P. es penalmente responsable del delito de "abandono de persona incapaz seguido de muerte, agravado por el vínculo". Esta calificación técnica se sostiene en los artículos 106 y 107 del Código Penal de la Nación, un encuadre que la defensa busca demoler para evitar una condena de prisión efectiva de largo alcance.
El abogado particular Mauro Fonteñez direccionó su estrategia a cuestionar la plataforma fáctica de la fiscalía y argumentó que el hecho "debe estar descripto de manera precisa para ejercer debidamente el derecho a defensa". El defensor no cuestionó la materialidad de la tragedia ni el desenlace fatal, pero atacó la calificación legal presentada por la fiscal Rubio. La defensa técnica introdujo el planteo de que el caso se trató en realidad de un "homicidio culposo", una figura jurídica que presupone la negligencia o imprudencia pero descarta el dolo.
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Para apuntalar este cambio de calificación, el defensor describió las condiciones personales de la mujer al momento del suceso y remarcó "el contexto de extrema vulnerabilidad emocional" de su asistida. Según la postura de la defensa, la mujer "actuó bajo una equivocada confianza que el niño se dormiría" aquella madrugada y no representó la posibilidad del inicio del fuego. Esta interpretación colisiona de frente con la postura de la fiscalía, que afirma que la madre cerró la puerta con llave sabiendo el peligro al que exponía al menor.
Los datos incorporados a la investigación sitúan la tragedia en la madrugada del pasado 26 de julio de 2024, puntualmente a las 03.11 horas. La reconstrucción fiscal arrojó que el niño, identificado como F. P., se encontraba sobre el sillón del departamento cuando se inició un foco ígneo que atrapó a la víctima. Las pericias bomberiles y los testimonios de los habitantes del edificio serán la materia prima que analizarán las partes una vez que la jueza Daniela Arcuri reanude el acto suspendido.
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La imposibilidad de rescate quedó registrada en las actas policiales que detallan cómo los vecinos del complejo habitacional intentaron romper los accesos al divisar las columnas de humo que salían del departamento. Los testigos no lograron vulnerar las aberturas debido a que la imputada había trabado los ingresos antes de retirarse del lugar. Cuando los servicios de emergencia y los residentes pudieron ingresar a la propiedad, el nene ya no presentaba signos vitales.
El litigio técnico actual determinará qué tipo de tribunal juzgará la conducta de A. F. P., ya que la calificación alternativa de la defensa clausuraría la opción del juicio por jurados. La fiscal Andrea Rubio ya enumeró la lista de testigos, peritos y evidencias materiales que pretende ventilar en el debate, pero todo ese arsenal probatorio permanece congelado. La fiscalía trabaja ahora en la rectificación ordenada por el tribunal para destrabar el proceso penal.
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El caso ingresó en una zona de definiciones logísticas y procesales que dependen de la velocidad con la que el Ministerio Público Fiscal adecue el escrito acusatorio. La resolución de la jueza Daniela Arcuri dejó en claro que no habilitará la siguiente etapa del proceso hasta que el relato de los hechos cumpla con los estándares constitucionales exigidos. La parálisis de la audiencia preliminar posterga el alivio judicial para un entorno vecinal que todavía recuerda la desesperación de aquella madrugada de julio.
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