Allanaron sedes de REMAR en la Patagonia por una causa de trata y explotación

Una investigación federal por presunta trata de personas y explotación laboral puso bajo la lupa a la organización REMAR en la Patagonia. La Prefectura Naval Argentina realizó allanamientos simultáneos en sedes ubicadas en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, en un operativo coordinado por la Justicia Federal de Santa Cruz.

Los procedimientos se concentraron en inmuebles y locales utilizados por la organización de origen español, que desde hace años desarrolla actividades sociales y comunitarias en distintas provincias argentinas. La causa busca determinar si dentro de esos espacios existieron situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y utilización de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, los operativos apuntaron especialmente a reconstruir el funcionamiento interno de la organización. Los investigadores intentan establecer cómo se desarrollaban distintas tareas laborales y bajo qué condiciones trabajaban jóvenes y adultos que integraban esos espacios.

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Entre las actividades mencionadas en la causa aparecen trabajos de carpintería, ventas callejeras y pedidos de colaboración económica realizados en la vía pública. La Justicia analiza si esas tareas formaban parte de mecanismos de explotación laboral o de captación de personas vulnerables dentro de la estructura de la ONG.

Durante los allanamientos, efectivos de Prefectura secuestraron documentación, teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos considerados importantes para el expediente. Ese material ahora será sometido a peritajes y análisis judicial bajo estricta reserva.

Además, en algunos de los inmuebles inspeccionados se habrían detectado presuntos casos de trata de personas y pequeñas dosis de estupefacientes. Esa situación podría derivar en nuevas líneas de investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias sobre los elementos secuestrados.

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Hasta el momento no se informaron detenciones ni imputaciones formales. Fuentes cercanas a la causa indicaron que la prioridad actual está centrada en el análisis de la documentación y en la toma de testimonios para reconstruir el funcionamiento de las sedes allanadas.

REMAR ya había quedado bajo investigación en otras provincias argentinas durante 2023 por denuncias similares. En esta nueva causa, la Justicia Federal intenta determinar cuál era el destino de los fondos obtenidos mediante ventas y solicitudes de colaboración realizadas en distintas ciudades de la Patagonia.

El caso volvió a exponer las dificultades de control estatal sobre organizaciones que trabajan con personas atravesadas por situaciones de exclusión social y vulnerabilidad económica. También reactivó cuestionamientos sobre las condiciones de vida y trabajo dentro de algunas estructuras comunitarias que funcionan en diferentes puntos del país.

Mientras continúan las medidas judiciales, la investigación permanece bajo reserva y no se descartan nuevos procedimientos en las próximas semanas. La causa busca establecer si existieron responsabilidades penales vinculadas a explotación laboral, restricciones a la libertad individual y posibles mecanismos de trata de personas.