El cocinero sospechoso de matar 16 gatos sumó denuncias por el cuidado de un menor en enero

Las denuncias contra Adriel Caminos Ortega reactivaron el reclamo en el Congreso por la Ley Sintientes. Buscan reformar un régimen legal de siete décadas.

Un cocinero de 27 años afronta una acumulación de causas judiciales por la muerte de 16 felinos y el cuidado sospechoso de un niño en la Ciudad de Buenos Aires. El expediente unifica las denuncias de rescatistas damnificadas con presentaciones de abogados independientes que exigen un cambio de carátula inmediato. Esta confluencia de acusaciones aceleró el debate público respecto de la desactualización de las sanciones previstas en el Código Penal para los delitos de crueldad extrema.

El imputado Adriel Santiago Caminos Ortega utilizaba perfiles falsos en plataformas digitales para engañar a los integrantes de los refugios de animales vulnerables. Las redes de protección solidaria entregaban felinos bajo las figuras de tránsito o adopción definitiva basándose únicamente en la buena fe de las entrevistas previas. El abogado querellante Alexis Morocco detalló que el sospechoso "se hacía pasar por proteccionista, pedía animales a los refugios porque se presentaba con un discurso muy persuasivo. Pocas horas después del encuentro, los animales morían en circunstancias sumamente sospechosas".

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Los investigadores judiciales tropiezan con serias dificultades logísticas debido a los domicilios múltiples que registró el acusado desde el inicio de las actuaciones oficiales. La defensa de los damnificados pretende exigir una pena de prisión efectiva que compense la totalidad de los hechos de crueldad documentados en el expediente de instrucción. Esta solicitud de reclusión encuentra una traba severa en el estrecho margen punitivo que establece la legislación general aplicable a este tipo de conductas en el territorio nacional.

Las pericias psicológicas presentadas por los denunciantes exponen rasgos severos de personalidad que los especialistas analizaron mediante el rastreo de las conversaciones electrónicas del imputado. El patrocinio letrado describió formalmente a Caminos Ortega como "una persona muy oscura, narcisista, maquiavélica, sádica que disfrutaba de torturar y matar animales". El patrón de conducta incluía comunicaciones posteriores a los decesos donde "después de matarlos ponía excusas inexplicables que fueron desmentidas" para intentar desactivar las sospechas de los cuidadores originales.

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La preocupación de los representantes legales se incrementó al incorporar al expediente un episodio que excede el maltrato hacia las mascotas de los refugios. Una denuncia señala que un menor de edad sufrió situaciones de riesgo mientras permaneció bajo la custodia exclusiva del cocinero durante el primer mes del año. El letrado Morocco ratificó la existencia de este desvío en la investigación al confirmar que "hay muchas querellas ya presentadas, no sólo por los animales, sino por un menor de edad que estuvo a su cuidado en enero".

El descontento civil frente a las recurrentes dilaciones institucionales provocó una ruidosa concentración pública en el Obelisco porteño. Agrupaciones proteccionistas de diversas localidades marcharon con pancartas para exigir un endurecimiento de los castigos corporales y económicos. Los manifestantes señalaron que la tolerancia judicial frente a estos episodios consolida una sensación de impunidad que desprotege por completo a las mascotas hogareñas en todo el país.

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El equipo técnico de la querella cuestionó el anacronismo de las normativas vigentes mediante una comparación con delitos de índole patrimonial menor. El abogado Alexis Morocco criticó la estructura penal argentina al manifestar que "debe ser un caso paradigmático para que entendamos que son necesarias penas más duras contra el maltrato animal. Nuestra ley tiene 72 años y es el doble de grave hurtar un sanguche en un mercado que torturar a un animal". La antigüedad de la ley central impide aplicar castigos proporcionales al ensañamiento constatado en las pericias veterinarias.

La presión de las organizaciones de la sociedad civil apunta a destrabar el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley Sintientes en las comisiones del Congreso de la Nación. Esta reforma busca modificar de raíz el estatus jurídico de los animales no humanos para retirarles la categoría de pertenencias materiales o mercaderías. Los impulsores del cambio explicaron que "actualmente, los animales son considerados cosas y, como mínimo, tienen derecho a no ser víctimas de maltrato animal. Por eso es relevante que se trate el proyecto de Ley Sintientes".

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La resolución de la causa depende de la producción de pruebas materiales irrefutables que el juzgado debe evaluar en las próximas semanas. La condición de imputado que pesa sobre Caminos Ortega exige un desarrollo riguroso de las garantías procesales antes de dictar una sentencia definitiva sobre sus responsabilidades reales. El límite operativo del caso se hamaca entre las urgencias de una sociedad que reclama castigos severos y la vigencia de un marco legal antiguo que restringe la acción de los magistrados encargados de juzgar la crueldad.

Fuente: NA.