Las faltas de control migratorio permitieron que mujeres expulsadas siguieran vendiendo droga en Argentina
Policiales19/05/2026
REDACCIÓNLas pericias documentales demuestran que las ciudadanas extranjeras imputadas por comercialización de cocaína burlaron las prohibiciones de reingreso al territorio nacional. El caso expone la falta de seguimiento sobre personas con órdenes de deportación vigentes.
Las fisuras en los mecanismos de fiscalización de la Dirección Nacional de Migraciones quedaron expuestas tras comprobarse que personas formalmente echadas del territorio nacional residen y operan en la vía pública sin restricciones. La ausencia de un monitoreo efectivo sobre los ciudadanos extranjeros con antecedentes de deportación facilita que vuelvan a ingresar al país por vías clandestinas y se inserten en redes delictivas urbanas. Este escenario de vulnerabilidad administrativa neutraliza el impacto real de las sanciones de expulsión dictadas por la justicia federal.
La base de datos del organismo migratorio aportó detalles severos sobre el nulo control que pesaba sobre las imputadas de nacionalidad peruana. Una de las involucradas registraba dos procesos previos de expulsión ejecutados por las autoridades, habiendo vulnerado los puestos fronterizos en ambas ocasiones de forma ilegal. Otra de las mujeres portaba una orden de deportación vigente con prohibición expresa de reingreso, sumando además un prontuario local con antecedentes penales por los delitos de daños y exhibiciones obscenas.
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La tercera implicada en el expediente judicial presentaba una situación de menor gravedad administrativa, sosteniéndose en el país con su residencia temporal vencida. El informe remitido a los tribunales porteños confirma que ninguna de las tres acusadas poseía el estatus legal necesario para permanecer en suelo argentino. La acumulación de faltas migratorias y antecedentes penales no impidió que las tres mujeres fijaran su base de operaciones en los espacios públicos de la zona sur porteña.
Ante el evidente peligro de fuga derivado de la carencia de arraigo y la falsificación de la permanencia, el Poder Judicial intervino para asegurar el proceso penal. La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, dictó la prisión preventiva para las tres imputadas. La resolución magistral convalidó de forma íntegra el requerimiento presentado por el auxiliar fiscal Carlos Caputto, perteneciente a la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal.
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La resolución judicial encuadró el accionar del trío bajo la figura delictiva de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El dictamen de prisión preventiva busca neutralizar los baches del control fronterizo, garantizando que las mujeres permanezcan alojadas en dependencias penitenciarias mientras se sustancia el juicio. Los investigadores intentan determinar ahora los apoyos logísticos que permitieron a las deportadas asentarse nuevamente en las afueras de los centros de trasbordo.
La detención que originó el posterior cruce de datos con las bases de Migraciones se produjo el pasado sábado 9 en la intersección de la calle Lima al 1400. Un efectivo de la Policía de la Ciudad observó el momento preciso en que las mujeres realizaban transacciones de intercambio con un grupo de hombres en plena vía pública. Al emitirse la voz de alto obligatoria, la totalidad de los presuntos compradores logró escapar a la carrera del perímetro de seguridad, mientras que las tres vendedoras fueron retenidas en el lugar.
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Durante la requisa de las pertenencias en el puesto de captura, los uniformados hallaron los elementos materiales que consolidaron la imputación por narcotráfico minorista. En el interior de un morral que portaba una de las mujeres se encontraron escondidos 15 envoltorios de cocaína listos para su distribución. Asimismo, el personal policial secuestró la suma de 215.000 pesos en efectivo, presuntamente originada por las ventas concretadas durante esa misma jornada en el barrio de Constitución.
Las hipótesis que manejan las fuentes vinculadas a la investigación criminal apuntan a que el destino procesal final de las detenidas será una nueva aplicación de la figura de expulsión del país. Las oficinas del Ministerio Público Fiscal coordinan las gestiones necesarias con las dependencias consulares para tramitar el traslado una vez concluidas las etapas esenciales del juzgamiento por la ley de drogas. La medida imita los dictámenes anteriores, sembrando dudas sobre la efectividad del método de destierro administrativo.
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