
El Ministerio de la Producción paralizó los trámites del emprendimiento "Burro Patagones" a raíz de una investigación de oficio de la Fiscalía Ambiental. El impulsor de la iniciativa recusó a la fiscal Florencia Gómez y denunció una presunta animosidad por un litigio previo.

La viabilidad comercial del proyecto agropecuario orientado al faenamiento y venta de carne de burro en el valle chubutense ingresó en una etapa de parálisis administrativa por disposición de las autoridades provinciales. El Ministerio de la Producción interrumpió la emisión de las autorizaciones finales indispensables para el funcionamiento del establecimiento rural debido a una actuación iniciada de oficio por la justicia de Rawson. Esta interferencia judicial interrumpe un proceso que ya había completado sus fases de prueba piloto y degustación pública con resultados comerciales favorables en la zona.
El titular del emprendimiento, Julio Cittadini, manifestó en el aire de #LA17 que las actuaciones de la Fiscalía Ambiental carecen de sustento material y técnico para bloquear el avance de los expedientes. El productor ganadero sostuvo que las instalaciones ubicadas en la región costera cumplieron con la totalidad de los requerimientos de infraestructura exigidos por los estamentos gubernamentales. Según las declaraciones del propietario, las fases previas del manejo de los animales contaron con la supervisión directa y el control sanitario de las delegaciones del Senasa.


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La parálisis de los expedientes administrativos motivó una respuesta jurídica directa por parte de la defensa del productor agropecuario para intentar destrabar la comercialización en las bocas de expendio de Trelew. Cittadini confirmó en el programa El quinto poder que formalizó la recusación de la fiscal de Rawson, Florencia Gómez, con el objetivo de apartarla de la dirección de la causa. El ganadero fundamentó la presentación judicial bajo el argumento de una presunta falta de objetividad y jurisdicción territorial para intervenir en su propiedad rural.
La estrategia de los asesores letrados del establecimiento busca que el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, tome intervención directa en el legajo para desactivar el freno operativo que afecta a la firma. El productor calificó la investigación como una medida desmedida y aseguró que existe un trasfondo de enemistad manifiesta derivado de actuaciones públicas anteriores. La defensa técnica aguarda la resolución de los estamentos superiores de la procuración para determinar si el caso es reasignado a otra circunscripción judicial.
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El origen de la tirantez institucional se remonta a una denuncia penal por ecocidio radicada por el propio Cittadini hace más de un año, la cual involucraba de forma indirecta a las dependencias fiscales actuantes. El ganadero posee un predio rural lindero al campo de la familia La Regina, a unos 7 kilómetros del centro de Punta Tombo, un área geográfica marcada por litigios ambientales de alta exposición pública. El productor aseveró que aquella presentación por daño ambiental en las espaldas de la reserva nunca recibió curso y permanece archivada en los despachos judiciales.
El ganadero asoció la actual investigación sobre las condiciones de su rodeo con las críticas que vertió públicamente durante su participación como testigo en las audiencias por la matanza de pingüinos en la zona. En sus declaraciones a nuestra radio, el productor recordó haber calificado aquel proceso como “el circo de los pingüinos”, situación que habría generado resentimiento en los equipos de investigación de la fiscalía. Esta vinculación geográfica y de antecedentes fundamenta el pedido de apartamiento presentado por la vía legal el pasado doce de mayo.
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La paradoja central que rodea al expediente penal radica en la falta de comunicación formal hacia el principal responsable del proyecto productivo que se encuentra bajo análisis. Transcurridos varios días desde el anuncio público de las actuaciones, el ganadero de 79 años señaló que no recibió ninguna cédula de notificación ni fue convocado a prestar declaración informativa. La falta de acceso a las piezas del legajo impide conocer si la imputación original se orienta hacia presuntas infracciones de maltrato animal o anomalías de tipo ambiental.
Ante la falta de precisiones por los canales oficiales, los responsables del proyecto "Burro Patagones" recurrieron a la presentación de la recusación como una vía para forzar la apertura de las pruebas documentales de la fiscalía. Cittadini remarcó su disposición a comparecer ante los tribunales al afirmar: “solicito que se me convoque para saber de qué se trata todo esto y poder brindar todas las explicaciones que sean necesarias porque realmente no tenemos absolutamente nada que esconder”. El ganadero lamentó que la difusión mediática del caso afecte el prestigio comercial de la carnicería habilitada en el valle.
















