Apuñalado en el patio de la Universidad: habían ignoraron las denuncias por acoso contra un empleado
Policiales20/05/2026
REDACCIÓNLas autoridades del campus de Río Gallegos conocían el hostigamiento sistemático hacia una estudiante, pero evitaron remover al agresor alegando problemas de adicción.
Las oficinas del decanato de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral recibieron los pedidos formales de resguardo a comienzos de año sin activar ningún mecanismo efectivo de protección edilicia. La agresión padecida por un ingresante de la carrera de Comunicación Social expuso la falta de operatividad de los protocolos de violencia interna ante advertencias explícitas presentadas por los propios alumnos. Los familiares de los afectados confirmaron que las quejas administrativas acumulaban meses de archivo sin resoluciones firmes destinadas a apartar al sospechoso de sus funciones cotidianas.
El agresor, identificado como Pablo B., de 46 años, se desempeñaba como trabajador no docente en el predio educativo y contaba con antecedentes penales que incluían un período previo de reclusión en establecimientos carcelarios. La propia comunidad estudiantil mantenía registros de quejas internas sobre su comportamiento inadecuado dentro de las dependencias estatales, a pesar de lo cual mantenía su puesto activo. Su situación laboral se justificaba institucionalmente bajo la premisa de que padecía un cuadro de adicciones que impedía su desafectación inmediata por parte de la directiva.
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La inacción de la estructura jerárquica de la UNPA derivó en un violento cruce en el sector trasero del campus cuando el operario interceptó nuevamente a una alumna del profesorado de Geografía. El estudiante José Fernando Águila, de 32 años, intervino directamente para frenar el hostigamiento que sufría su pareja en los pasillos de la institución de educación superior. Ante la intervención del alumno, el empleado no docente acudió hacia su automóvil particular marca Volkswagen Gol rojo para retirar un arma blanca con la que concretaría el ataque.
La reconstrucción de los hechos determinó que el empleado regresó armado a las instalaciones del sector E para perseguir a la víctima por las galerías del edificio. El estudiante intentó guarecerse utilizando su campera como escudo improvisado mientras recibía múltiples agresiones físicas antes de caer gravemente herido sobre el suelo. La agresión se consumó en un sector caracterizado por los estudiantes como una zona peligrosa por la falta de luminarias básicas y la ausencia absoluta de controles de acceso vehicular.
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La madre de la víctima, Ángela Catelicán, detalló las falencias de la contención institucional al arribar al predio universitario minutos después de recibir el aviso telefónico del ataque. La mujer relató el impacto de la escena al declarar que “entré corriendo y encontré a José tirado en un pasillo lleno de sangre” rodeado por otros alumnos de la institución. Las pericias criminalísticas posteriores ratificaron la presencia de profusos rastros hemáticos en los pasillos principales donde se desató la persecución.
El cuadro de salud del damnificado demandó un traslado de extrema urgencia hacia el Hospital Regional Río Gallegos para estabilizar sus funciones vitales básicas. El cuerpo médico debió intervenir quirúrgicamente al paciente debido a que una de las puñaladas provocó un cuadro grave de neumotórax por perforación del pulmón. El parte médico confirmó que el joven de 32 años evoluciona de manera favorable tras la operación, presentando además tres lesiones cortantes en la zona de la espalda, cortes en los brazos y un traumatismo punzante en el cuero cabelludo.
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Mientras el herido permanecía en el quirófano, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz iniciaron un operativo de rastrillaje para dar con el paradero del atacante en fuga. Los investigadores civiles de la fuerza provincial interceptaron el coche del sospechoso en las cercanías de las calles Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, a pocos metros de la Autovía 17 de Octubre. El comisario a cargo del procedimiento policial ratificó que “al verse cercado, no opuso resistencia y se entregó a las autoridades” de manera inmediata.
La causa penal quedó bajo la órbita de la jueza Marcela Quintana, titular del Juzgado de Instrucción N°1 de la capital santacruceña, quien ordenó el secuestro del Volkswagen Gol y del cuchillo utilizado en el hecho. La Justicia ordinaria provincial ratificó su competencia plena sobre las actuaciones debido a que las acciones configuran un presunto delito de acción pública, independientemente de haberse cometido dentro de una jurisdicción de carácter federal. El personal del Gabinete Criminalístico completó el levantamiento de evidencias biológicas en el estacionamiento posterior.
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