Uruguay aplicó la eutanasia por primera vez y abrió un cambio inédito en la región
Actualidad23/05/2026
REDACCIÓNUna mujer con cáncer terminal accedió al procedimiento previsto por la nueva ley uruguaya. El caso puso en marcha un sistema que ya divide posiciones sociales y religiosas.
La decisión ocurrió dentro de un hospital y bajo un protocolo que hasta hace pocas semanas todavía no tenía aplicación concreta. Una mujer de 69 años con cáncer terminal se convirtió este viernes en la primera persona que accedió a la eutanasia en Uruguay desde que la normativa comenzó a regir formalmente. El procedimiento marcó un punto de inflexión para el sistema sanitario uruguayo y colocó nuevamente al país en el centro del debate regional sobre derechos individuales y autonomía médica.
La reglamentación necesaria para aplicar la ley había entrado en vigencia apenas un mes atrás. A partir de ese momento comenzaron a funcionar los mecanismos previstos para evaluar cada solicitud, incluyendo las intervenciones médicas obligatorias y la verificación de las condiciones clínicas exigidas por la normativa. El primer caso avanzó bajo ese esquema y confirmó que el procedimiento ya dejó de ser una discusión parlamentaria para convertirse en una práctica habilitada dentro del sistema de salud.
La legislación establece condiciones estrictas para acceder a la muerte asistida. El paciente debe ser mayor de edad, residir legalmente en Uruguay y atravesar una enfermedad incurable en etapa terminal que provoque sufrimientos considerados insoportables. Además, la persona debe encontrarse en condiciones psíquicas aptas para tomar la decisión y conservar la posibilidad de retractarse en cualquier momento del proceso, incluso minutos antes de la aplicación del procedimiento.
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El mecanismo previsto por el protocolo sanitario obliga a que el pedido sea iniciado por el propio paciente ante un médico. Ese profesional dispone de hasta tres días para emitir una evaluación y luego debe intervenir un segundo especialista independiente. Recién cuando ambos coinciden en que se cumplen los requisitos legales se habilita la utilización de los medicamentos definidos para la práctica. Esa secuencia comenzó a funcionar de manera efectiva con este primer caso.
La experiencia uruguaya vuelve a ubicar al país dentro de un grupo reducido de naciones que legalizaron la eutanasia. La incorporación se suma a otros antecedentes legislativos que ya habían diferenciado a Uruguay dentro de América Latina, como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y la legalización del aborto. La aplicación concreta de la ley fortaleció esa imagen de un Estado acostumbrado a impulsar reformas vinculadas con derechos individuales y decisiones personales sobre el propio cuerpo.
Uno de los impulsores de la norma dentro del oficialismo, el diputado Federico Preve, calificó el momento como “un día simbólico muy importante para el país”. El legislador sostuvo además que “esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, al referirse al alcance práctico que comenzó a tener la ley después de años de discusión política y sanitaria.
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El inicio de la aplicación también activó el seguimiento de organizaciones civiles que participaron del debate público durante la sanción de la norma. Desde Empatía señalaron que mantendrán controles sobre el funcionamiento del sistema para evitar demoras administrativas o trabas operativas que dificulten el acceso al procedimiento. Dentro de ese espacio, Florencia Salgueiro afirmó que el caso demuestra “que la ley por la que tanto trabajamos finalmente se convierte en herramienta para que las personas puedan acceder a una muerte digna”.
La puesta en marcha de la eutanasia también profundizó el rechazo de sectores religiosos. La Iglesia Católica cuestionó duramente la aplicación de la normativa y mantuvo su postura crítica frente a cualquier mecanismo que implique intervención médica para provocar la muerte de un paciente. El debate, que ya había atravesado al Parlamento durante el tratamiento de la ley, volvió a instalarse ahora desde una dimensión mucho más concreta: la de una práctica ya ejecutada dentro del sistema sanitario.
El primer procedimiento dejó además un interrogante operativo sobre el volumen de futuras solicitudes y la capacidad del sistema de salud para responder dentro de los plazos previstos. Aunque el protocolo fija tiempos breves para cada evaluación médica, el funcionamiento real de la ley recién comienza a medirse a partir de casos concretos. Uruguay inauguró así una etapa inédita en la región, donde la discusión dejó de girar únicamente alrededor de principios legales o filosóficos y empezó a trasladarse directamente a hospitales, profesionales y pacientes.
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