El proyecto del gasoducto sumó respaldo político y promete 1.500 empleos en obra

La discusión por el gasoducto vinculado al proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías expuso una fuerte expectativa económica en la región, especialmente por la promesa de empleo durante la etapa de construcción. El consorcio encargado de la iniciativa confirmó que la obra demandará unos 1.500 trabajadores directos, un dato que dominó buena parte de la audiencia pública realizada en San Antonio Oeste.

La exposición se extendió durante más de once horas y reunió a más de un centenar de participantes entre funcionarios, empresarios, gremios, ambientalistas y vecinos. Aunque la mayoría manifestó respaldo al emprendimiento, también aparecieron cuestionamientos vinculados al impacto ambiental y dudas sobre cuánto beneficiará realmente a las localidades involucradas.

El proyecto contempla la construcción de un gasoducto entre Tratayén y San Antonio Oeste, pensado para abastecer el esquema de exportación de gas natural licuado mediante buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Detrás de la iniciativa aparece un consorcio integrado por grandes empresas energéticas como PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

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La presentación técnica estuvo a cargo de representantes de San Matías Pipeline, la sociedad creada para ejecutar el ducto. Allí se confirmó que la inversión prevista asciende a 1.300 millones de dólares y que el proyecto deberá atravesar cuatro evaluaciones ambientales, entre controles provinciales, nacionales y auditorías vinculadas al financiamiento internacional.

Uno de los puntos más sensibles de la jornada giró alrededor del llamado “derrame económico”. Distintos expositores reclamaron garantías para que los puestos laborales y las contrataciones no terminen concentrados fuera de la región. El temor a repetir experiencias anteriores apareció repetidamente entre vecinos y representantes empresariales.

Desde el sector sindical, la UOCRA respaldó abiertamente el emprendimiento y destacó el impacto que podrían tener las obras sobre el empleo en la construcción. También hubo intervenciones de familias vinculadas históricamente a la actividad portuaria y comercial local que valoraron la posibilidad de movimiento económico para San Antonio Oeste y Las Grutas.

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Las críticas más duras llegaron desde organizaciones ambientalistas y algunos vecinos que cuestionaron tanto el procedimiento como las consecuencias futuras sobre el Golfo San Matías. Hubo exposiciones que hablaron directamente de “ecocidio” y advirtieron sobre el riesgo de profundizar la presión industrial sobre ecosistemas marinos considerados sensibles.

La legisladora Ayelén Spósito fue una de las voces políticas más críticas dentro de la audiencia. Reclamó estudios independientes sobre el verdadero impacto laboral del proyecto y cuestionó el modelo extractivo impulsado por el Gobierno provincial. También pidió precisiones sobre el origen de los futuros trabajadores que participarán en las obras.

Desde el oficialismo provincial defendieron el emprendimiento y sostuvieron que el desarrollo energético no implica desplazar otras actividades económicas tradicionales del Golfo. Legisladores y funcionarios remarcaron la posibilidad de crecimiento vinculada al proyecto y señalaron que la mayoría de las exposiciones respaldaron la iniciativa.

El cierre de la audiencia dejó una escena dividida entre expectativa y desconfianza. Mientras empresarios y gremios insisten en que la obra puede modificar la economía regional, sectores sociales y ambientales advierten que todavía faltan respuestas sobre el impacto real que tendrá el proyecto a largo plazo.