Cinco provincias unen a sus fiscales para desarmar una megaestafa con plataformas de inversión
Chubut27/05/2026
REDACCIÓNA partir de una denuncia penal en Puerto Madryn, la Justicia coordina un equipo de investigación conjunta para rastrear una red de empresas legales que blanqueaba millones de dólares.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut encabeza una articulación judicial sin precedentes con tribunales de otras cuatro provincias para unificar la persecución contra una organización criminal dedicada a los fraudes informáticos. Los investigadores provinciales activaron las herramientas de asistencia internacional contempladas en la Convención de Budapest con el propósito de centralizar las evidencias y los testimonios de los damnificados en todo el territorio nacional. La cooperación interjurisdiccional busca desmantelar una estructura que utilizaba firmas con registros comerciales válidos para captar fondos mediante ofertas financieras engañosas.
En una entrevista con #LA17, el fiscal especialista en cibercrimen, Fernando Rivarola, detalló las características del despliegue que unifica los despachos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y San Martín. “Como tenemos víctimas en todo el país, ya los fiscales que estamos llevando adelante investigaciones por esta organización estamos en contacto y conformamos en el equipo de investigación conjunta y por medio de lo que se llama en las manifestaciones espontáneas, estamos compartiendo el partido probatorio”, reveló el funcionario durante el reportaje radial.
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El armado de los expedientes penales cruzados involucra de manera directa a la fiscal Andrea Andoniánes de San Martín, al fiscal Andrés Madrea de la Fiscalía 14 Nacional de CABA, y a los especialistas Franco Pini de Córdoba y Matías Ocariz de Santa Fe y Rosario. Los investigadores detectaron que el volumen de perjudicados se extiende además por la provincia de La Rioja, afectando a miles de personas que transfirieron patrimonios individuales. El rango de los desfalcos individuales medidos por los peritos contables abarca desde depósitos básicos de 30.000 o 40.000 pesos hasta colocaciones patrimoniales que alcanzaron los 100 millones de pesos.
El inicio de las actuaciones penales que destapó la maniobra transprovincial se localizó en la costa chubutense a partir de la presentación judicial de un residente local damnificado por las falsas promesas de dividendos. “Nuestra investigación inició por una víctima de Puerto Madryn y a partir del resultado de esa investigación empezamos a develar todo el trabajo de empresas”, puntualizó Rivarola en #LA17. El avance del rastreo informático de las transferencias de dinero guio a las brigadas tecnológicas hacia el epicentro operativo donde se centralizaban las operaciones comerciales de la red.
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La infraestructura montada por la organización delictiva no utilizaba firmas fantasmas o sellos de goma, sino corporaciones inscriptas formalmente ante las autoridades de la Inspección General de Justicia y el organismo recaudador. Las sociedades comerciales pasaron por los controles regulatorios correspondientes, obtuvieron sus números de CUIT oficiales a través del ARCA y cumplieron con las actas de personas jurídicas. Con esa documentación oficial en mano, los líderes del grupo obtenían la apertura legal de cuentas bancarias y billeteras virtuales en diversas redes de servicios de pago para canalizar los fondos.
La mecánica de captación se valía de interfaces digitales clonadas que imitaban con precisión los logotipos, gráficas y consignas publicitarias de los brokers de bolsa autorizados que operan en los mercados financieros tradicionales. Las plataformas espurias atraían a los ahorristas mediante la promesa de dividendos extraordinarios del orden del 30% o 40% mensual, tasas que resultan inexistentes en los circuitos bancarios profesionales. Una vez que las víctimas depositaban sus ahorros, la interfase simulaba la evolución de las inversiones pero bloqueaba por completo cualquier intento de retiro de efectivo.
El avance de los cruces de información digital derivó en la ejecución de más de 30 allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollados en conjunto con las divisiones de investigaciones tecnológicas complejas de la Policía de la Ciudad. Los operativos en las oficinas porteñas arrojaron como resultado primario la detención de tres personas, entre ellas dos hermanos y un contador público, sospechados de coordinar el andamiaje legal de las firmas. Las requisas en los domicilios permitieron constatar el movimiento de sumas millonarias de divisas que eran retiradas del circuito virtual en billetes físicos.
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El flujo financiero de la organización criminal funcionaba de forma idéntica a un modelo de bloques corporativos interconectados que lavaban las utilidades del fraude en los circuitos informales de la city. Las cuentas bancarias de las sociedades bajo sospecha se acoplaban con redes dedicadas al arbitraje de criptoactivos, el descuento de cheques comerciales y las mesas de cambio ilegal de divisas. “Estamos hablando de montos que cuesta creerlos. Me animo a decir, varios millones de dólares que se hicieron efectivos, con una diversificación de empresas y de personas e intermediarios”, estimó el fiscal.
Debido a la magnitud del andamiaje societario detectado y la cantidad de soportes electrónicos incautados en los procedimientos, el juzgado de la causa otorgó un encuadre procesal extraordinario para la recolección de pruebas. La magistrada interviniente firmó la declaración de causa compleja, fijando un plazo legal ordinario de 16 meses para que la fiscalía de cibercrimen concrete el procesamiento total de los discos rígidos y celulares. El límite operativo para el equipo técnico reducido de la provincia radicará en clasificar el gigantismo de los datos almacenados antes de que venza el tiempo otorgado para elevar el caso a juicio.
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