El FMI pide que más trabajadores paguen Ganancias y suban las cuotas del Monotributo
Actualidad27/05/2026
REDACCIÓNEl Palacio de Hacienda busca eliminar impuestos distorsivos, pero el organismo internacional exige ampliar la recaudación fiscal sobre los sectores medios.
El Ministerio de Economía prioriza la eliminación inmediata de los gravámenes que castigan la competitividad, colocando al Impuesto al Cheque en el primer lugar de la lista de revisión nacional. El ministro Luis Caputo también contempla coordinar con los gobernadores provinciales una reducción de Ingresos Brutos para aliviar a las empresas y los sectores productivos. Esta hoja de ruta oficial, sin embargo, choca contra un pliego de estrictas condiciones recaudatorias elaborado por el staff técnico de Washington.
Los técnicos del organismo multilateral concentran parte de su estrategia de recaudación en una reforma profunda del sistema simplificado que utilizan los pequeños trabajadores independientes. La propuesta técnica exige alinear las cuotas del componente fiscal y las contribuciones a la seguridad social del Monotributo directamente con el régimen general de autónomos. Esta equiparación legal representaría una suba considerable en la carga mensual de los prestadores de servicios y agregaría cerca de 1 punto del PBI a las arcas del Estado nacional.
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Las modificaciones sobre los impuestos troncales contemplan también una expansión agresiva del universo de asalariados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El plan busca bajar el umbral mínimo no imponible para que al menos el 20% de los trabajadores vuelva a tributar por sus remuneraciones mensuales. Esta meta impositiva iguala la estructura de recaudación que regía en el año 2019, desmantelando por completo la reforma de 2023 que había reducido el alcance del gravamen a apenas el 1% de los empleados.
El reporte técnico titulado Argentina: temas seleccionados detalla que la ampliación global de Ganancias aportaría finalmente 1,4 puntos del PBI al anclaje macroeconómico del Gobierno. El documento advierte que una base tributaria ancha otorga previsibilidad al programa económico y ayuda a sostener las metas comprometidas en el acuerdo vigente. Los técnicos buscan garantizar ingresos estables de recaudación antes de autorizar las rebajas graduales de tasas transaccionales que promete la Casa Rosada.
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Los técnicos internacionales recomiendan pasar la tijera sobre el denominado gasto tributario, un ítem que abarca beneficios especiales y regímenes de promoción industrial. La eliminación de estas exenciones sectoriales aportaría 0,8 puntos del PBI, dividiendo el impacto entre la quita de beneficios de IVA y la anulación de las zonas libres de impuestos. Esta estrategia elimina ventajas impositivas consolidadas que actualmente resguardan a determinados nichos comerciales del alcance pleno de las tasas generales.
El paquete fiscal suma variables que impactan directamente sobre el consumo masivo mediante la indexación automatizada de los impuestos al tabaco y los combustibles. La actualización de estos gravámenes internos por inflación inyectaría un 0,5 del PBI adicional a la recaudación de la administración central. En paralelo, el esquema presiona por el fortalecimiento de los tributos provinciales sobre la propiedad para sumar otros 0,6 puntos, alterando el equilibrio distributivo entre la Nación y las provincias.
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El diagnóstico del staff internacional describe al entramado impositivo argentino como una estructura obsoleta que restringe el crecimiento nacional. Los auditores definieron al esquema actual como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, remarcando su efecto negativo sobre la competitividad de las empresas locales. El documento synthesiza la discrepancia ideológica con el Ejecutivo al dictaminar que “una reforma tributaria integral debe equilibrar la equidad y la eficiencia, al tiempo que fortalece el ancla fiscal”.
La narrativa política de Javier Milei sostiene la reducción del peso del Estado sobre la actividad privada como una bandera inamovible de su gestión. El Palacio de Hacienda reconoce, de todas maneras, que el severo recorte del gasto público ya encuentra límites políticos, administrativos y sociales muy marcados en el territorio. Esta realidad de la gestión obliga al equipo económico a analizar vías alternativas de financiamiento para evitar baches de caja que hagan peligrar el superávit comprometido.
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La negociación de la reforma impositiva integral ocupará el centro de los debates legislativos durante los próximos meses del año. Los pequeños contribuyentes y la clase media enfrentan el riesgo de absorber una mayor presión efectiva si prevalecen las directrices de la entidad multilateral. El Ejecutivo nacional deberá resolver cuánto de esta hoja de ruta técnica incorpora a sus leyes sin transformar una prometida simplificación en un golpe directo al bolsillo de los cuentapropistas.
Fuente: Ámbito.
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