La audiencia preliminar seguirá este jueves, mientras la jueza Laura Martini analiza pruebas, pedidos de pena y el sobreseimiento solicitado.
Tres perros murieron en Rawson después de ingerir chorizos presuntamente envenenados arrojados dentro de un terreno privado. El caso llegó a una audiencia preliminar que todavía no definió si el acusado enfrentará un juicio oral y público. La decisión quedó en manos de la jueza de garantías Laura Martini, que analiza los planteos de la fiscalía, la querella y la defensa.
El imputado es Carlos Rivas, vecino de Rawson, señalado por la fiscalía y por la querella como presunto autor del hecho. La acusación sostiene que habría arrojado una riestra de chorizos envenenados hacia el interior del predio de un vecino. Como consecuencia, murieron dos perras y un perro pertenecientes a Alan Martíni, en una propiedad ubicada sobre la calle Tamariscos del barrio La Isla.
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La audiencia comenzó este miércoles, pero quedó en suspenso porque las partes continuarán con sus argumentos este jueves. La jueza, el defensor del imputado, la fiscalía y el abogado querellante acordaron seguir fijando posiciones antes de la resolución. Con ese panorama completo, Martini deberá establecer si se cumplen los requisitos legales para elevar el caso a debate oral y público.
La investigación incorporó cámaras de seguridad que ubican a Rivas arrojando elementos hacia el interior del predio. Ese registro corresponde a un episodio ocurrido pasadas las 21.30 del 1 de marzo del año pasado. Para la acusación, esa secuencia forma parte de la prueba central que permitiría sostener el caso ante un tribunal.
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El expediente fue investigado por la fiscal general Florencia Gómez, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Contra Animales. La intervención de esa unidad ubica el hecho dentro de una línea penal vinculada con la protección animal. El caso está caratulado como maltrato y crueldad contra los animales, una figura que puede derivar en penas de prisión si la acusación prospera.
La querella está representada por el abogado Romano Cominetti, quien actúa en nombre del propietario de los perros. El letrado adhirió a la teoría del caso presentada por la fiscalía, pero además complementó la reunión de pruebas con otras evidencias y testimonios. Según la postura acusatoria, esos elementos deberán exponerse durante el debate que promueven tanto la fiscalía como la querella.
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La defensa, encabezada por Pablo Sánchez, pidió el sobreseimiento de Rivas. Ese planteo busca cerrar el proceso antes de llegar a juicio, bajo argumentos que ahora forman parte del análisis judicial. La jueza deberá valorar ese pedido junto con las posiciones de las partes acusadoras antes de resolver la continuidad del expediente.
Las expectativas de pena también marcan diferencias dentro del mismo frente acusador. Para la fiscalía, la eventual condena podría llegar a cuatro años de prisión. Para el querellante Cominetti, en cambio, la pena esperada alcanza los cinco años y tres meses, una pretensión más alta que también quedará incorporada al debate procesal.
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El punto que falta definir no es todavía la responsabilidad penal del imputado, sino si el expediente tiene entidad suficiente para pasar a juicio. Esa resolución resulta decisiva porque habilitaría una instancia pública, con producción de prueba, testimonios y confrontación de las teorías del caso. Hasta entonces, el proceso permanece en una etapa preliminar donde se discuten los requisitos para avanzar.
La audiencia se reanudará este jueves con nuevas argumentaciones de las partes. Después de esa instancia, la jueza Laura Martini deberá resolver si Carlos Rivas será sometido a juicio oral y público o si prospera el pedido de sobreseimiento de la defensa. El desenlace inmediato quedará atado a esa decisión judicial, que definirá el futuro procesal del caso por la muerte de los tres perros.
Fuente: MPF Chubut
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