La ropa usada importada ya ocupa millones de kilos y buscan frenarla por ley
Política27/05/2026
REDACCIÓNUn proyecto presentado en Diputados propone bloquear durante cinco años el ingreso de indumentaria usada al país. El planteo mezcla advertencias sanitarias, caída industrial y competencia por precios.
Los locales de ropa y talleres textiles empezaron a sentir con más fuerza el impacto de un fenómeno que hasta hace pocos años tenía una escala mucho menor: el ingreso masivo de prendas usadas importadas. La discusión llegó ahora al Congreso con un proyecto que intenta cerrar esa puerta durante cinco años y que apunta directamente al crecimiento de un mercado que, según los datos incluidos en la iniciativa, ya mueve millones de kilos dentro del país.
La propuesta fue presentada por el diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto, quien busca prohibir la importación de indumentaria y artículos textiles usados, salvo en casos puntuales de donaciones. El expediente ya fue enviado a las comisiones de Industria y Economía y aparece en medio de un escenario donde fabricantes y comerciantes del sector vienen denunciando pérdida de ventas y caída de producción.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto se apoya en el volumen de mercadería que ingresó durante este año. El texto sostiene que en 2025 entraron al país más de 4,6 millones de kilos de ropa usada, una cifra que el legislador considera inédita y que atribuye a las condiciones cambiarias y a la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional. Esa expansión, según plantea, empezó a modificar el funcionamiento del mercado interno de indumentaria.
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El proyecto no se concentra únicamente en la discusión económica. En sus fundamentos, Castagneto afirma que “la medida busca prevenir riesgos sanitarios asociados a prendas usadas que pueden contener bacterias, hongos o residuos químicos, cuya fiscalización resulta difícil por el volumen y las condiciones de ingreso”. El argumento sanitario aparece como uno de los ejes centrales para justificar una prohibición amplia y sostenida en el tiempo.
El diputado también vinculó el crecimiento de estas importaciones con el deterioro de la industria textil local. El documento advierte sobre procesos de competencia desleal que ya estarían afectando a fábricas, talleres y comercios vinculados al rubro. En paralelo, menciona pérdida de puestos de trabajo y una reducción de la producción nacional como parte de las consecuencias que empieza a detectar el sector.
La iniciativa contempla una excepción específica para organizaciones que reciben donaciones. Las prendas usadas podrían ingresar únicamente cuando estén destinadas a entidades públicas, religiosas o instituciones sin fines de lucro. Para acceder a ese permiso, las organizaciones deberían cumplir condiciones vinculadas al registro, la antigüedad y la acreditación del destino final de los bienes importados.
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El texto incorpora además un costado ambiental que busca ampliar la discusión más allá de la competencia comercial. Allí se advierte sobre la presencia de fibras sintéticas y microplásticos en buena parte de la ropa usada que llega desde otros países. El proyecto sostiene que esos materiales presentan dificultades de reciclado y terminan ampliando problemas de contaminación que ya afectan a la industria textil a nivel mundial.
Dentro de los fundamentos, Castagneto asegura que Argentina está comenzando a recibir excedentes textiles provenientes del exterior y describe el fenómeno como una “exportación de residuos”. Esa definición aparece asociada a la preocupación por el crecimiento sostenido de mercadería descartada en otros mercados y reinsertada luego en países con menores restricciones de ingreso.
La discusión recién empieza en el Congreso, pero el planteo ya expone una disputa más amplia sobre el modelo comercial y productivo. El avance de la ropa usada importada puso en tensión a fabricantes nacionales, comerciantes y sectores políticos que observan cómo cambia el mercado de consumo. Mientras el proyecto inicia su recorrido legislativo, el volumen de prendas que sigue entrando al país mantiene abierta una pelea que impacta tanto en precios como en empleo y producción local.
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