Ejecutan hoteles y departamentos de Cristina y sus hijos por las causas de corrupción
Política29/05/2026
REDACCIÓNLa quita de propiedades a la exmandataria y a sus herederos directos entra en una fase de ejecución forzosa e irreversible en el ámbito penal federal.
El rechazo de los últimos planteos defensivos determinó que el patrimonio inscripto a nombre de la expresidenta y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sea utilizado de inmediato para resarcir el perjuicio económico ocasionado al Estado nacional. La medida comprende un paquete cerrado de inmuebles comerciales y residenciales ubicados estratégicamente en la provincia de Santa Cruz.
La mira de los tasadores y ejecutores del Tribunal Oral Federal 2 se posó formalmente sobre una veintena de activos inmobiliarios que la familia incorporó durante los períodos en que se desplegaron las maniobras de direccionamiento de la obra pública. Los jueces convalidaron el criterio de circunscribir los decomisos a los bienes ingresados al acervo familiar entre los años 2003 y 2015, lapso en el que se consolidó el fraude. A través de este mecanismo de absorción estatal, se busca saldar parte de los 685.000 millones de pesos determinados como el costo total de la maniobra delictiva.
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Dentro de la lista de desapoderamiento directo, la expresidenta figura con una propiedad a título personal, a la que se suman otros 19 inmuebles escriturados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Gran parte de estas estructuras corresponden a herencias y cesiones de derechos efectuadas sobre terrenos y complejos que originalmente pertenecieron al exmandatario Néstor Kirchner. Los investigadores comprobaron el origen ilícito de los fondos con los que se financiaron las construcciones y las posteriores ampliaciones hoteleras en el sur.
La pérdida patrimonial más significativa para el clan familiar incluye el predio del hotel Los Sauces Casa Patagónica, una estructura hotelera de categoría boutique lindante con la residencia privada de la exjefa de Estado en El Calafate. El complejo se expandió mediante maniobras comerciales cruzadas con empresas constructoras locales, incluyendo la permuta de terrenos fiscales que luego sirvieron para agrandar la infraestructura turística. Los informes periciales determinaron que estas instalaciones generaron beneficios indirectos constantes para la economía de los Kirchner.
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En el ejido urbano de Río Gallegos, el decomiso alcanza a la totalidad de las unidades del complejo de departamentos de la calle Mitre 535, un edificio residencial levantado mediante un contrato de fideicomiso con empresas del grupo Austral. La nómina de ejecuciones incluye además la propiedad de la calle 25 de Mayo 255, adquirida en septiembre de 2010, y el céntrico inmueble de la avenida Presidente Néstor Kirchner 490. Estas locaciones formaban parte del circuito de alquileres permanentes administrados por las firmas inmobiliarias de la familia condonada.
Los intentos de las defensas técnicas por paralizar los desalojos y las transferencias de dominio mediante recursos extraordinarios naufragaron en la Cámara de Casación Penal. El tribunal resolvió que las presentaciones no lograban constituir un caso de derecho constitucional válido, catalogando los reclamos como meras disconformidades metodológicas con el fallo del tribunal de origen. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron de forma unánime la quita de los bienes vinculados a la exvicepresidenta.
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La posibilidad de los imputados de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no interferirá con los procedimientos de remate y toma de posesión en Santa Cruz. Las regulaciones procesales vigentes establecen con claridad que ese proceso no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de bienes, lo cual inhabilita cualquier maniobra de resguardo de último momento. Los administradores judiciales quedan facultados para tomar el control operativo de los hoteles y las viviendas afectadas de forma inmediata.
La resolución de la Sala IV remarcó que los delitos vinculados a desfalcos contra la administración pública no pueden consolidar derechos de propiedad legítimos en el tiempo. El magistrado Gustavo Hornos fundamentó la rigidez de la medida al sostener que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” en un estado de derecho. La ratificación del decomiso persigue la finalidad práctica de evitar que las ganancias derivadas de la corrupción permanezcan dentro del patrimonio familiar.
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